Así lo explicó Gabriel Somaglia, secretario de Justicia de Santa Fe, en relación con las acciones legales que continúan en tanto “los negocios no fueron llevados ajustados a la ley”.
El caso Vicentin no está cerrado para el gobierno provincial. En efecto, días atrás se presentó un alegato en consonancia con la voluntad de lograr el alejamiento de los empresarios que conducen la firma. Al respecto, el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, explicó que “están dadas las condiciones para que se decrete la intervención en el órgano de la administración”.
“Entendemos que los negocios no fueron llevados ajustados a la ley y para eso acreditamos una prueba copiosa”, acotó en diálogo con ABC1 (que se emite este domingo, a las 23 por Somos Santa Fe y Somos Rafaela; y a las 21, por Somos Rosario). En ese orden, detalló las maniobras en relación con empresas extranjeras, la venta de Friar y el lavado de activos.
En virtud del balance aún no presentado por parte de compañía, el funcionario recalcó que se trata de “la rendición de cuentas que hace el administrador a sus socios”. Y en paralelo, “es lo que muestra la capacidad de solvencia frente a los bancos que deben financiar su actividad”. Esta situación, además, afecta al fisco. En suma, todos estos factores conducen a “pensar que esta firma no fue administrada de la forma que exige la ley”.
Somaglia definió, a la luz de los hechos, que “se sostuvo la posición del apartamiento de las personas que condujeron la empresa a la situación en la que está hoy”.
Con relación con el compartimiento del juez Fabián Lorenzini, el secretario consideró que “es una persona que está haciendo sus primeras armas en la judicatura, nativa de aquella zona (el norte provincial), con un compromiso cultural. Pero demoró algunas resoluciones que, ahora, no le han cerrado, por cuanto ha dispuesto muchos más controles sobre los números”.
