Lo aseveró el diputado Fabián Palo Oliver, integrante de la Comisión de Seguimiento, tras conocerse la imputación de todo el directorio de la firma. Además, expuso su proyecto para permitir la imputación y el procesamiento de legisladores si la justicia lo determina.
Todos los directivos de la firma Vicentin fueron imputados esta semana por defraudación y estafa. Al respecto, Fabián Palo Oliver destacó que “la institucionalidad siempre tiene resortes para hacer las cosas como corresponde”. En su carácter de miembro de la Comisión de Seguimiento del caso que rodea a la gigante cerealero –que, no solo contó con los beneficios del gobierno macrista, sino que perjudicó a cientos de productores–, el diputado provincial fue taxativo: “No cabe ninguna duda que el grupo Vicentin era parte del poder real de la República Argentina, no solamente por la comercialización de granos, sino también por las conexiones políticas. Era aportante de campañas electorales”.
En diálogo con Ciudadanos (que se emite este domingo, a las 20, por Somos Santa Fe, Somos Rafaela y Somos Rosario), el legislador evocó que la mentada Comisión se conformó en marzo de 2020. Un mes antes, la Cámara de Diputados de la provincia recibió a Claudio Lozano, directivo del Banco Nación. “El 4 de diciembre de 2019, Vicentin había declarado la cesación de pago. Y con la primera información, los integrantes de la Comisión empezamos a ver cuestiones que, con el tiempo, se fueron consolidando: hubo una gran estafa en la triangulación para vaciar la empresa, para evadir impuestos y a los acreedores, sobre todo productores”, detalló el legislador del FPCyS.
En una misma línea argumental, Palo Oliver hizo hincapié en el rol “funcional” del juez Fabián Lorenzini “a los intereses de la empresa”. “El final era la quiebra, porque no tienen el dinero para hacer frente al pago de la deuda, o las causas penales. (Éstas) son la noticia de las imputaciones. La figura más dura hubiera sido la de asociación ilícita, pero es la más difícil de comprobar”, adujo.
Por otra parte, el diputado es mentor de una iniciativa para ponerle freno los fueros con que cuentan legisladores y legisladoras. En relación con el caso que rodea al senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, y su presunta vinculación con el juego clandestino, se puso el tema en el centro del debate habida cuenta que la Cámara Alta de Santa Fe negó que se le retire los propios fueros para que la investigación judicial avance. “Con la misma Constitución, con el mismo texto del artículo 51, se podía investigar a los funcionarios. Lo que sucedió es que, a partir de la modificación del Código Procesal Penal, se cambió la interpretación caprichosamente y se dice que un fiscal ‘no nos puede imputar ni procesar, si antes no se vota el desafuero’”, explicó.
En ese marco, el dictamen del procurador de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre, que avala la factibilidad de la investigación de un legislador, se convierte en el punto de partida del proyecto que alienta Palo Oliver. La idea es “modificar tres artículos del Código Procesal”. Así, “se mantiene la imposibilidad de arresto y de allanamiento hasta que haya sentencia, mientras tanto no hace falta pedir el desafuero y puede ser imputado y procesado”. Dicho de otra forma, la intención es garantizar “la igualdad ante la ley”.
