Cinco personas fueron individualizadas por la justicia a raíz del ataque que sufrieron un grupo de jóvenes con sus pañuelos verdes la semana pasada en la plaza 25 de Mayo. En los próximos días habrá una rueda de reconocimiento. También se abrió una investigación por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público para los efectivos policiales que se encontraban en el lugar.

Como ya es sabido un grupo de sujetos atacaron la semana pasada, en vísperas al tratamiento en el Senado de la Nación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, a chicas que se encontraban manifestándose a favor del aborto legal con sus pañuelos verdes. Fueron golpeadas y una de ellas también sufrió una mordedura. Durante el último fin de semana, una jovencita, que caminaba por la misma zona, también fue agredida con una Gillette en su rostro por parte de varones menores de edad.

Los violentos fueron identificados como integrantes del partido filonazi Bandera Vecinal, el cual carece de personería jurídica en la provincia de Santa Fe. En tal sentido, avanza la causa judicial. Se individualizaron cinco personas: tres varones y dos mujeres, entre ellas Silvia Marcela Quiñonez. Asimismo, se constató que una persona fue lesionada, aunque aún resta que varias personas brinden declaración.

En el mismo marco, fue incorporada a la causa el caso de la jovencita tajeada que fue atacada por menores de edad. Por lo tanto, podría investigarse bajo el régimen de menores.

Así y todo, además de las agresiones la causa central contempla amenazas agravadas por la discriminación. En los próximos días serán peritados los teléfonos mediante los cuales se registraron los videos que rápidamente se viralizaron. Esta medida responde a procedimientos de rigor a los fines de acreditar los hechos grabados, de lo contrario carecerían de peso de prueba. Por lo demás, habrá una rueda de reconocimiento en los días venideros.

Al mismo tiempo, se formará otra causa para investigar el proceder de los efectivos policiales que allí se encontraban, frente la Catedral santafesina, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Cabe consignar que la justicia aguarda, además, las imágenes provenientes de las cámaras de seguridad del lugar.

«No son más que patoteros y carecen de personería jurídica»

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