Así lo dijo el abogado Alejandro Otte. También dijo que las denuncias que motorizaron los procedimientos las hicieron organismos públicos. La venta de Franco Soldano es paradigmática en la investigación.

La mañana santafesina se vio sacudida de su tranquilidad cuando se conoció el dato de seis allanamientos simultaneos que se estaban realizando en el Club Atlético Unión, en las empresas del presidente tatengue Luis Spahn y en otros lugares en los cuales se puede obtener documentación para establecer datos sobre el pasivo rojiblanco.

Sobre el particular, Alejandro Otte, abogado de tres socios que denunciaron irregularidades en la gestión de Spahn al frente de la Comisión Directiva de Unión, brindó detalles en el programa televisivo Apto para Todo Público.

“Esto nace a raíz de un pedido de allanamiento que hace la fiscalía de delitos complejos, a cargo de la doctora Mariela Jiménez, al juez de turno, quien autorizó esta medida y por eso se llevaron adelante estos procedimientos”, dijo Otte.

“Yo patrocino a tres socios que entendieron que a la luz de lo que ocurrió en la asamblea, la falta de organización del órgano auditor, los balances y otras documentaciones que podrían presentar irregularidades, en su carácter de socios, e independientemente de cualquier implicancia política que pueda llegar a tener, hicieron la denuncia”, afirmó el profesional.

“Sin embargo, otra denuncia apareció en el Ministerio Público de la Acusación a principios de la semana pasada que llegó directamente de la Inspección de Personas Jurídica, y entre lo que aporta y las cifras del balance del club no hay coincidencia en el pasivo declarado, ante esta situación, el organismo público lo que hizo fue presentar la denuncia ante el MPA para saber si existe un delito, y esto está vinculado a causas que se investigan en los tribunales federales porteños, a cargo de la jueza María Servini”, detalló el abogado.

“Uno de los firmantes de los balances de Unión en carácter de auditor externo, sería empleado de la firma de Luis Spahn, o sea, quien está controlando depende de la persona que debe controlar. Estamos hablando de U$S 5.500.000”, expresó Otte.

“Las deudas que tiene para cobrar el club están pesificadas, pero las que tiene que pagar están dolarizadas,entonces cuando se empiezan a sumar los elementos,como mínimo debe ser investigado”, reflexionó.

“El allanamiento busca la documentación respaldatoria de diferentes operaciones, no alcanza con sólo exhibir el balance, sino que debe estar toda la documentación, y si el presidente dice que se le deben más U$S 5.500.000 como mínimo debe aparecer en el balance y exhibirlas a los socios como corresponde, no puede ser que esté en otro lugar, y eso es lo que se está buscando, por eso se allanan distintos domicilios”, explicó el profesional del derecho.

“Los resultados del allanamiento van a demorar, hay mucha documentación que leer y confrontar con lo que se haya presentado en diferentes organismos, pero hay que decir que se trabajó con mucha celeridad para poder asegurar los elementos para llevar adelante estas pericias”, analizó.

La defraudación infiel se trata de los actos que lleva adelante quien tiene a su cargo la administración de ciertos bienes que le fueron confiados, y si no lo hace fielmente, logra con ello el perjuicio al club. También hay otras cuestiones, porque ese perjuicio puede venir o bien de no percibir lo que corresponde o incrementando o haciendo aparecer deudas.

“Un caso paradigmático en la investigación es la venta de Franco Soldano, está muy claro, se había dicho a mitad del año pasado que valía U$S 5.000.000, pero en enero fue vendido por U$S 857.000 y luego tampoco fue esa cifra, el jugador se va por seis meses, vuelve a un club argentino, por un préstamo de U$S 300.000 con una opción de compra por U$S 5.000.000, ¿entonces cómo puede ser que ocurra esto?, eso también debe investigarse”, aclaró.

Consultado sobre las apreciaciones de Spahn, Otte dijo que “es como intentar tapar el sol con el dedo, si se dijera que hay una única denuncia y que proviene del sector de la oposición, podría ser una alternativa, pero que yo sepa, la jueza Servini no compitió en las elecciones, sino que hay denuncias que vienen de diferentes lugares del estado y que son de gravedad”.

Por último, sobre las declaraciones de Spahn acerca de las supuestas vinculaciones del periodista Rodrigo Villarreal con un narcotraficante, Otte dijo que “hacer este tipo de declaraciones y más en este contexto, genera un daño a la imagen pública”.

Artículo anteriorSe inicia el relevamiento de pescadores comerciales y de subsistencia
Artículo siguienteEl 84,8% de los comercios locales vendió menos en el interanual de agosto