Según explicó Jorge Henn, defensor del Pueblo de Santa Fe, existen normas para fijar los aranceles de acuerdo a la coyuntura socioeconómica, en tanto la cartera “no intermedia” sino que “controla”.
Luego de los reclamos planteados por madres y padres del alumnado de escuelas privadas de nuestra ciudad a raíz de los montos de las cuotas en la capital provincial, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe elevó un pedido formal al Ministerio de Educación. “La gran mayoría de establecimientos de gestión privada hay una transferencia de recursos (de parte del Estado) por lo que se abona según la planta docente”, explicó el titular del organismo, Jorge Henn, en diálogo con Ciudadanos (que se emite este domingo, a las 20, por Somos Santa Fe, Somos Rafaela y Somos Rosario).
En este orden, el ombudsman hizo hincapié en que es menester de la cartera educativa de “reafirmar su potestad y su obligación de controlar”. A propósito, Henn indicó que formalmente “hay un registro de aranceles”, los cuales deben ser aprobados de forma previa y “debe haber un mecanismo de fiscalización”. Por esas razones, “el Ministerio se tiene que hacer cargo de las funciones”, incluso “teniendo en cuenta la situación socioeconómica. “Oficiamos al Ministerio para saber cuál su política pública permanente en función de esto porque tampoco se puede atender a pedido, no es lo que corresponde”, aclaró y acotó: “El Ministerio de no es un intermediario, sino que tienen una cantidad de normas que defienden la necesidad de fijar una cuota acorde al nivel socioeconómico de cada tiempo”.
