En noviembre pasado el juez federal Marcelo Bailaque había rechazado el planteo de incompetencia presentado por la defensa de la fiscal del MPA. La Cámara de Rosario confirmó que la causa queda en la esfera federal.
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó en las últimas horas el dictamen del juez de primera instancia en la que había ratificado el pedido del fiscal federal Rodríguez, en cuanto a que debía investigarse en el ámbito federal la denuncia contra la fiscal del MPA por encubrimiento agravado en el marco de su rol activo en la causa en la que investigó en un primer momento el crimen del empresario Hugo Oldani.
Rodríguez, quien a partir de una denuncia del ex ministro Marcelo Sain comenzó una pesquisa por presunto intercambio de divisas no autorizado, denunció en agosto pasado a un grupo de personas por esas maniobras, entre ellas a la hija del empresario asesina en febrero del año pasado. Al mismo tiempo denunció a Cristina Ferraro por no haber cuidado la escena del crimen, de donde familiares del asesinado retiraron enormes cantidades de dinero –se estima que poco más de un millón de dólares y tres millones de pesos– a las pocas horas de producirse el hecho lamentable. Uno de los indicios en los que se apoyó la Fiscalía para anclar su acusación fueron las fotos publicadas a los pocos días del crimen. Las imágenes también fueron clave para abrir dos legajos en el MPA: uno por posible lavado de activos y otro por violación de secreto, ambos en la fiscalía de Delitos Complejos.
El abogado de la fiscal intentó cuestionar el pedido del fiscal con un planteo poco convencional, asegurando que no era posible investigar a Oldani porque ya estaba muerto. Rodríguez le retrucó que “se parte de una visión errónea, no se refiere a la existencia o no de un delito previo, sino a la ausencia de un trámite investigativo en curso durante el contexto temporal del fallecimiento de Oldani, obviamente, distinto al originado como consecuencia del homicidio”. Del mismo modo, el fiscal añadió que la posible comisión del delito de intermediación financiera está en curso, con el propósito de establecer la intervención de terceras personas, “que a tenor de esta presentación, se aclara que están vivas”.
