Socios de la entidad presentaron un escrito ante la Cámara Federal de Rosario. Sostienen que las maniobras se canalizan ante una mutual no alcanzada de forma directa por el control del Banco Central.
Tras un breve período de tensa calma, parte de los estibadores nucleados en la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín volvieron a denunciar el presunto vaciamiento de la entidad. En un escrito presentado a la Justicia, ponen bajo la lupa operaciones financieras que exceden los mil millones de pesos, realizadas con una mutual “que no se encuentra bajo el control directo del Banco Central”, informó el diario El Litoral.
La solicitud fue presentada ante la Cámara Federal y lleva la rúbrica de seis trabajadores, quienes sostienen ser la voz de un grupo de 80 socios de la Cooperativa, intervenida desde agosto de 2019 tras la detención de Herme Juárez. Los firmantes recurrieron al Tribunal de Segunda Instancia porque aseveran que el juez Marcelo Bailaque viene posibilitando “maniobras fraudulentas”, a través de una intervención “que no hace más que generar perjuicios económicos”.
Desde la propia detención de Juárez, el control de la entidad motiva una guerra en la que pelean empresarios, políticos, abogados y los propios trabajadores portuarios. No es para menos: al concentrar el 60% del negocio del estibaje en las terminales cerealeras, genera un incesante flujo de fondos sobre el que todos quieren tener injerencia. Desde febrero la intervención está en manos de Daniel Sorrequieta, quien supo ser intendente de Puerto General San Martín y hoy se muestra como referente del Movimiento Evita. Su designación había traído algo de calma, tras un 2020 muy turbulento en el que los socios de la cooperativa denunciaron sistemáticamente a su antecesor (Roberto Pasqualino, un hombre de la Universidad de Buenos Aires cercano al diputado nacional del radicalismo, Emiliano Yacobitti) por posibles estrategias de vaciamiento, a través de un circuito de financieras vinculadas al empresario Guillermo Whpei.
A finales de abril, el informe presentado por la contadora de la entidad echó luz sobre nuevas operaciones financieras con la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales (del grupo Unión, cuya cara visible es Whpei), por montos superiores a los mil millones de pesos. “Los certificados de depósitos presentan sospechosas irregularidades”, sostienen los estibadores en su escrito, donde afirman que la totalidad de las actuaciones “representan el 26,5% de las inversiones financieras y el 15,5% del patrimonio de la cooperativa”.
“La concentración de semejante cifra en esa sola entidad Mutual constituye el equivalente a más del 40% del activo corriente de la entidad mutual que hoy tiene los depósitos (…). Además se trata de una entidad que no se encuentra bajo el control directo del Banco Central”, expresaron los estibadores en su denuncia.
Al final de su escrito, los socios de la entidad solicitan a la Cámara que se comprometa a “recomponer la paz social y la confianza en la Justicia”, dejando sin efecto el desbloqueo de fondos oportunamente dispuesto por el juez de primera instancia y ordene transferir los montos al Banco Nación, “en la modalidad de plazo fijo a 30 días, renovable automáticamente, hasta tanto las nuevas autoridades que legítimamente asuman en representación de los socios decidan en Asamblea el destino de los fondos”.
