Fueron 11 los votos positivos de libertarios, el PRO y la UCR. El peronismo y el socialismo se manifestaron en contra.

La Ley Bases obtuvo hoy media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, con lo cual el presidente Javier Milei obtuvo un fuerte respaldo para sus políticas de reducción del gasto público, mediante cambios en los regímenes previsional, laboral e impositivo, así como también privatizaciones y el añadido del paquete fiscal.

Los y las legisladoras de Santa Fe, en su mayoría, también se expresaron a favor. Fueron quienes acompañaron en general el proyecto, mientras siete lo rechazaron y se registró un ausente.

El aval estuvo dado por Romina Diez, Rocío Bonacci y Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza); Alejandro Bongiovanni, Gabriel Chumpitaz, Germana Figueroa Casas, Luciano Laspina, José Núñez y Verónica Razzini (PRO), Mario Barletta y Melina Giorgi (UCR).

Mientras el rechazo vino de la mano de Germán Martínez, Diego Giuliano, Florencia Carignano, Magalí Mastaler y Eduardo Toniolli (Unión por la Patria) y los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, que integran el bloque Hacemos Coalición Federal. Por su parte, el diputado Roberto Mirabella (PJ) estuvo ausente.

Después de casi 20 horas de debate, la norma cosechó 142 votos afirmativos, 106 negativos y cinco abstenciones. La norma de La Libertad Avanza pasó su primera etapa gracias al apoyo de los bloques PRO, UCR, Hacemos, Innovación Federal y el Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Votaron en contra Unión por la Patria (Unión por la Patria), el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT), los socialistas y la cordobesa Natalia de la Sota. Los radicales disidentes Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano se abstuvieron, al igual que Mónica Frade de la Coalición Cívica.

La nueva versión de la Ley Bases comprende la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, como así también la facultad para reorganizar, fusionar o disolver organismos de la administración central y la privatización de empresas públicas.

Además, la iniciativa incorpora una reforma laboral que apunta a flexibilizar las condiciones de contratación por parte de las empresas. Extiende a seis meses el período de prueba para los nuevos trabajadores, plazo que se puede prolongar hasta ocho meses y un año para las pymes, elimina el cobro de multas por el trabajo mal registrado y habilita a las empresas a crear un Fondo de Cese Laboral, un mecanismo alternativo al actual régimen de indemnizaciones.

Uno de los aspectos más controversiales es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para proyectos de montos superiores a los 200 millones de dólares.

FuenteRDP / La Capital
Artículo anteriorLa Municipalidad lanzó un plan de recuperación de alumbrado público en 19 barrios
Artículo siguienteLey bases: Qué implica la derogación de la moratoria previsional