La advertencia fue hecha por Eduardo García, secretario General del Sindicato de los Trabajadores Viales, en función de las pretensiones del gobierno provincial. Al hilo del costo de mantenimiento de los caminos, también sostuvo que no se pueden detener las obras por los riesgos a futuro.
Mientras el gobierno provincial espera por la sanción de la Ley de Necesidad Pública para, según sus argumentos, activar entre otras cosas la obra pública, desde el sindicato que agrupa a los trabajadores viales se indicó que “en la tarea diaria no se mueve poca cantidad de recursos”. “Un kilómetro de camino equivale a 600 mil dólares, un bache de un metro cuadrado son siete mil pesos”, precisó Eduardo García, en diálogo con ABC1 (que se emite este domingo, a las 23, por Somos Santa Fe y Somos Rafaela, y a las 21 por Somos Rosario).
“Esperamos que el gobierno provincial balacee sus cuentas. Queremos ser respetuosos de este arranque de gestión en la tarea de comprensión de que hay un sistema que parecería estar desprolijado respecto a las cuentas. El Presupuesto 2020 tiene asignado 16 mil millones de pesos para caminos, no es poco recurso”, aseveró el secretario General del Sindicato de los Trabajadores Viales. De ese monto, 11 mil millones están destinados a obras y dentro de los tres mil millones para gastos generales, 800 millones son para sueldos.
Al respecto, destacó hablar de una incidencia de costo laboral de 26 puntos. “Debería ser envidiable”, enfatizó. Sin embargo, “estamos sujetos a una situación momentánea de un arranque”. García, en esa línea, planteó que el área de Vialidad “estaba en marcha y lo único que hacía falta era darle recursos para que siga funcionando. Querer ahorrar sobre Vialidad indica desproteger el tránsito vehicular en las rutas y no es lo mejor para la ciudadanía, no para el trabajador vial”, subrayó.
Ante la pregunta sobre los controles del transporte de cargas, el gremialista negó que los haya. “Tenemos un sistema de balanza móvil en las 10 cabeceras de zonas y hoy está paralizado. El año pasado se labraron actas en torno 90 millones de pesos”, expuso en función del ahorro que se pretende lograr desde el gobierno provincial.
Bajo el panorama descripto, se expresa cierta preocupación ante “la necesidad de continuar trabajando”. “Querer ahorrar sobre el sistema de viáticos significa que los trabajadores no van a ir al camino”, en función de lo que considera un “gasto en mano de obra”. Esta situación, según observó García, deriva en la necesidad de nuevas reparaciones de rutas y caminos a largo plazo y mayores costos para la sociedad.
Por otra parte, el dirigente se refirió a la capacitación en torno a cuestiones de género al interior del sindicato. “Empezamos hace un año a trabajar en el tema. Avanzamos con cursos y tenemos previsto ampliar la capacitación al resto de los compañeros de la provincia en función de la Ley Micaela. No da para demorar demasiado una ley de adhesión que reivindica cuestiones comprometidas de la vida”, señaló teniendo en cuenta el machismo instalado en ámbitos gremiales.
