Juan Manuel Pusineri, secretario de Trabajo de Santa Fe. (imagen de archivo)

Lo aseguró el secretario de Trabajo de Santa Fe en función de la situación financiera. Se pronunció, además, sobre las obras públicas, el caso del Instituto Sagrada Familia y de las eventuales salidas del caso Vicentín.

La provincia está en alerta roja. La situación financiera es muy complicada y esto se plantea en la Legislatura por la necesidad de contar con instrumentos de financiamiento. Cuando llegamos a la gestión había una deuda con contratistas de la obra pública de seis meses”, precisó Juan Manuel Pusineri, secretario de Trabajo provincial, en diálogo con ABC1 (que se emite este domingo, a las 23, por Somos Santa Fe y Somos Rafaela, y a las 21 por Somos Rosario).

El funcionario, en ese marco, apuntó a las dificultades de municipios y comunas para el pago de sueldos, así como la situación de empresas que tienen adjudicadas obras públicas como es el caso de la Ruta 1 que provocó despidos y la consecuente intervención de la cartera laboral. “Los contratistas de obra pública no están cobrando. Durante este tiempo, los empresarios tuvieron que pagar los sueldos de los trabajadores. Lo que hoy buscamos son conversaciones con la Uocra y la empresa a la espera de que la situación se normalice”, fundamentó.

Por otra parte, Pusineri fue consultado sobre lo que ocurre en el Instituto Privado de Cardiología Sagrada Familia de nuestra ciudad, donde unos 50 empleados pueden perder su fuente de trabajo. Tras cinco audiencias, el propietario no se presentó ni fue localizado. “En el 99% de los casos, con dificultades económicas, con empresas en crisis, van al Ministerio de Trabajo, se sientan con el sindicato y se trata de buscar una solución”, señaló. En el caso particular, “nos encontramos con una denuncia penal por vaciamiento y el conflicto va escalando”. “Bajo ningún de vista está bien cuando el Estado lo llama”, sentenció.

Acerca del caso Vincetín, el secretario aseveró que “se barajan todas las alternativas” en función de un “mix” entre lo público y lo privado. “El concurso preventivo le permite a la empresa decir ‘toda la deuda la dejo de pagar por un tiempo’ hasta que pueda hacer una propuesta. Si a eso se le suman los ingresos de la cosecha, se daría una alternativa de que empiece a girar. En el contexto de las denuncias que se conocen, parece difícil que los actuales titulares logren alguna de estas alternativas”, esgrimió.

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