En la causa “Vialidad” se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales en Santa Cruz a las empresas de Lázaro Báez.
La causa Vialidad no tuvo la foto que buscaba Cambiemos. La expresidenta Cristina Fernández llegó esta mañana a los tribunales federales de Comodoro Py, al primer juicio oral en su contra.
Lo que se investiga es la adjudicación de obras públicas en un marco fraudulento y corrupto al empresario Lázaro Baez, durante el kirchnerismo.
Hoy, la senadora nacional asistió a la lectura de su imputación. “Se le imputa a Cristina Elizabeth Fernández el haber tomado parte de una asociación ilícita en calidad de jefe, junto con otros funcionarios del Estado entre los que se encontrarían Néstor Carlos Kirchner, Julio Miguel De Vido, José Francisco López y al menos el empresario Lázaro Antonio Báez”, decía el documento leído pasado el mediodía.
La ceremonia judicial la presidieron los integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Adriana Palliotti interviene como jueza sustituta.
Antes del juicio, la actual legisladora publicó un mensaje desde sus redes sociales y acusó al gobierno actual de persecución.
«En unas horas comenzará en Comodoro Py un juicio oral al que jamás debí haber sido citada. Se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”, escribió Cristina en Twitter.
“Igualmente, una vez más y como siempre lo he hecho, volveré a ir. Sí… pese a todo volveré a ir. No como otros, que desde Comodoro Py acusan y piden detenciones a mansalva y cuando los pescan infraganti no respetan las citaciones judiciales porque dicen que no tienen garantías”, sostuvo en la red social.
Aun si fuera condenada, esto no le impediría a la expresidenta seguir siendo candidata. Incluso, en caso de ser electa, continuaría gozando de la inmunidad de arresto ya que la ley le concede esta garantía a todo funcionario susceptible de ser removido mediante juicio político.
El expediente se inició por una denuncia del exministro de Energía y exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel, y fue el juez de primera instancia Julián Ercolini quien elevó la causa a juicio oral.
Según el expediente, de un total de 88 obras llevadas a cabo en Santa Cruz en el período 2004-2015, 52 se contrataron, por un monto de 46 mil millones de pesos, con empresas relacionadas con Báez.
La causa “Vialidad”, compuesta por 60 cuerpos de expediente con 200 hojas cada uno y unas 150 cajas con documentación, se convirtió en una de las más grandes que se tramitan en los tribunales federales de Retiro.
Los delitos son asociación ilícita en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y en el caso de la expresidenta con un embargo de 10 millones de pesos.
