El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe bregó por la defensa de la Constitución. A su vez, repasó los 10 años del Código Procesal Penal en la provincia.
Días atrás se cumplieron 10 años de vigencia del Código Procesal Penal de Santa Fe, hecho fue posible gracias al diálogo entre el funcionariado de los tres poderes del Estado, los Colegios de Abogados, las universidades y demás instituciones vinculadas al quehacer jurídico. El funcionamiento del sistema “de oralidad” se puso en marcha durante la Gobernación de Antonio Bonfatti y dispuso, entre otras cuestiones, la Defensa General. Sobre el proceso histórico y las virtudes del propio Código, Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, brindó declaraciones a Ciudadanos (que se emite este domingo, a las 20, por Somos Santa Fe, Somos Rafaela y Somos Rosario).
“El juez de instrucción desapareció y la cabeza de la acción penal pasó a ser el fiscal. Junto a ello se creó, también, la Defensa Pública para defender a las personas que no tiene medios para pagar un abogado particular”, caracterizó el magistrado. En ese orden, admitió que durante la adaptación a la nueva normativa “ha habido inconvenientes”. Particularmente, en torno al Ministerio Público de la Acusación (MPA), el cual está encabezado por el Fiscal General. En relación con quien en la actualidad asume esa función, María Cecilia Vranicich, Gutiérrez ponderó el desempeño de la responsable –entre otras cosas– del ordenamiento de las fiscalías de Rosario.
Por otra parte, Gutiérrez fue consultado sobre la puja de fondos y la postura del gobierno nacional en relación con las provincias, así como con virtud del funcionamiento del Poder Judicial central. Al respecto, el ministro de la Corte expresó su preocupación por el plan de infraestructura para el funcionamiento de distintas áreas judiciales en toda la provincia. “La idea es que la provincia no pague más alquileres. Todo lo nuevo se está haciendo con diseño planificado para funcionar como tribunales”, consignó.
De todas formas, “los problemas institucionales, sociales, económicos” predominantes en el país no dejaron de merecer la opinión del presidente del máximo tribunal de Santa Fe: “Esto no conduce a nada”. “Si el presidente de la República (Javier Milei) no está de acuerdo, para eso está el Congreso. Lo fundamental en la democracia es el diálogo y el consenso. No para imponer ideas. Sino saber escuchar al otro. La Constitución asigna la función de control de la constitucionalidad al Poder Judicial. La salud del Estado de Derecho y el respeto de la Constitución me preocupan”, esgrimió y acotó que las deficiencias en materias sanitaria y educativa, además, “repercuten en la gente”.
