Así lo determinó el juez Jorge Patrizi este jueves, permitiendo el acceso del expediente a las defensas de las personas bajo sospecha. Entre ellas, Marcelo Sain, exministro de Seguridad. Maximiliano Pullaro fue notificado por ser uno de los “espiados”.
El juez Jorge Patrizi ordenó en el mediodía de este jueves levantar el secreto del expediente por presunto espionaje ilegal que involucra a varios exfuncionarios santafesinos, entre ellos al exministro de Seguridad Marcelo Sain y su vice, Germán Montenegro. De esta manera, las defensas de las personas bajo sospecha podrán acceder a la información de la investigación que llevan adelante los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez. En ese marco, Maximiliano Pullaro (exministro de Seguridad y actual diputado provincial) confirmó que recibió una notificación de parte de los fiscales de la causa, confirmando que fue «uno de los espiados».
La resolución del magistrado sostiene en los considerandos que “no se advierte motivo alguno para continuar con la reserva, perjudicando el derecho de las personas a las que se le hizo conocer los derechos del imputado de imponerse los motivos por los cuales se encuentra bajo investigación”.
La decisión tuvo lugar por una presentación que hizo Hernán Martínez, abogado de Sain, una de las personas bajo investigación por presunto espionaje ilegal.
Como antecedente inmediato, la semana pasada los fiscales Hernández y Jiménez pidieron la duplicidad de plazos en la investigación y la jueza Rosana Carrara hizo lugar. Esto significa que los fiscales ahora cuentan con más tiempo para recolectar evidencia para luego volcarla a la audiencia imputativa, que se estima que ocurrirá entre finales de febrero e inicios de marzo.
La causa tomó estado público en noviembre pasado, cuando se hicieron procedimientos del Organismo de Investigaciones (OI) en las sedes del Ministerio de Seguridad de Santa Fe y Rosario, con el objetivo de secuestrar elementos de interés para la causa.
Después de esos operativos renunciaron a sus cargos el secretario de Seguridad, Germán Montenegro; el subsecretario de Prevención y Control Urbano, Alberto Mongia; el subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez; el subsecretario de Seguridad Preventiva, Diego Lluma; el director de Análisis Criminal, Sebastián Sánchez;, el subsecretario de Control, Diego Rodríguez; los asistentes técnicos, Nadia Schujman y Ramiro Cortese; el director provincial de la Agencia de Investigación Criminal, Rodolfo Gallardo; y la directora de los Centros Territoriales de Denuncia, Carla Pecorini.
También salieron a la luz nombres “fichados” desde el Ministerio de Seguridad, que formarían parte de la prueba para los fiscales. Entre los datos obtenidos aparentemente de forma ilegal se detectaron consultas en bases de información sobre dirigentes políticos, de medios de comunicación, empresarios de la salud, de la industria y del Poder Judicial, entre otros.
En este contexto, Pullaro confirmó que recibió en las últimas horas la notificación de que es una de las personas perjudicadas en la causa que investiga presunto espionaje ilegal en Santa Fe durante la gestión de Sain al frente del Ministerio de Seguridad. El legislador fue notificado luego de que en enero pasado se presentara en la Fiscalía habida cuenta de que su nombre era parte de una lista donde aparecían presuntos investigados de manera ilegal. “Si la causa avanza, estamos ante el hecho más grave de la democracia”, afirmó Pullaro.
En el texto que recibió por parte de los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández se le informó al diputado que resultó “penalmente ofendido (víctima) por la comisión de los delitos” de abuso de autoridad y violación a las leyes de Inteligencia y de Protección de Datos Personales.
Para Pullaro, “es gravísimo lo que se está investigando, que Sain, Montenegro y Schujman estén sospechados de haber recabado información de manera ilegal mientras deberían haber estado cuidando a los santafesinos, es algo nunca se vio en la historia de la democracia santafesina”.
Así mismo, Pullaro adelantó que su abogado, Pablo Cococcioni, tiene instrucciones de ir «hasta las últimas consecuencias». “Queremos saber para qué desde el gobierno se recopilaba esta información, si es cierto que se recolectaba información sobre empresarios queremos saber con qué fines, si es cierto que se investigaba a dirigentes políticos, no solo opositores también integrantes del propio gobierno enfrentados a Sain, cuáles eran los fines y conocer también si es verdad que había periodistas investigados y para qué”.
En la notificación recibida por parte de la Fiscalía también se le aclara al legislador que “lo asisten en su carácter de víctima –entre otros– los derechos previstos en el art. 80 del Código Procesal Penal (CPP)” y además se le informó que “la Investigación Penal Preparatoria permanece bajo reserva (artículos. 258 y 259 del CPP), motivo por el cual no podemos aún autorizarle el acceso a las constancias de la misma”.
Por último, le requirieron que “en caso de poseer información o evidencia que pueda ser considerada útil para el avance de la investigación, nos lo haga saber inmediatamente”.
