La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad remarcó la entrega de misoprostol por parte del gobierno y se mostró conforme con la puesta en vigencia de la ley. Además, la Justicia rechazó la mayoría de las acciones contra la ley 27.610, según aseguró Amnistía Internacional Argentina.
A seis meses de la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó que el Gobierno está «conforme» con la aplicación y destacó que «no hubo ni una sola muerte vinculada al aborto» desde la puesta en vigencia del aborto legal.
«Estamos conformes con la puesta en vigencia de la IVE», sostuvo la funcionaria nacional, quien remarcó que «se lleva adelante en todas las provincias, no hay ninguna donde sea obstaculizada». En declaraciones radiales, la integrante del Gabinete «el Ministerio de Salud está llevando adelante una tarea gigantesca» en lo que hace a la provisión de misoprostol al sistema de salud público de todo el país.
La cartera sanitaria prevé recibir en los próximos meses un total de 1,2 millones de pastillas de misoprostol de 200 microgramos, lo equivale a 100 mil tratamientos: en 2020 se habían adquirido 36 mil tratamientos.
Al ser consultada sobre la tasa de mortalidad en mujeres que hayan decidido interrumpir su embarazo tras la aprobación de la ley, la funcionaria ponderó: «No hubo ni una sola muerte vinculada al aborto en estos seis meses. Es un resultado muy contundente que tiene la importancia de la vigencia de esta ley».
Gómez Alcorta señaló que la ley vigente «es robusta constitucionalmente» y recordó que hubo «más de 30 acciones judiciales se presentaron para que no se aplique la ley».
Rechazo judicial
La Justicia rechazó la mayoría de las acciones contra la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), según aseguró Amnistía Internacional (AI) Argentina, que realiza un monitoreo de la implementación de la norma desde su aprobación el 30 de diciembre de 2020.
AI precisó que, de acuerdo con el seguimiento realizado, «se iniciaron al menos 31 demandas», de las cuales «27 buscan que se declare la inconstitucionalidad de la ley con efectos generales», tres consisten en reclamos civiles y penales contra los responsables de su aprobación, y «una buscó, sin éxito, impedir que una mujer accediera a su derecho».
Desde su promulgación el 14 de enero último, «mayormente se demandó al Estado nacional, que registra 17 causas en su contra, frente a las 10 que se iniciaron contra los Estados provinciales», consignó la organización en un comunicado.
Del total de las demandas, la mitad «fueron consideradas inadmisibles», algunas con fallos firmes, a lo que «se suman el rechazo y la suspensión de los efectos de las únicas dos medidas cautelares dictadas hasta el momento», destacó el documento.
«La tendencia de rechazos a las acciones iniciadas da cuenta de la poca permeabilidad del poder judicial a las embestidas que buscan derribar la ley», expuso Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
«Celebramos que la justicia esté actuando como garante de un derecho consagrado en nuestro sistema legal», agregó.
El comunicado indicó que este miércoles, al cumplirse seis meses de la aprobación legislativa, la organización «estará disponible para que las personas puedan denunciar en caso de que encuentren barreras al momento de acceder a una IVE».
