Del total de investigados por delitos de lesa humanidad, 904 fallecieron durante los procesos judiciales, de los que 692 lo hicieron antes de obtener sentencia y 212 tras ser condenados o absueltos.
La Justicia ya lleva más de mil condenas a represores por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar entre 1976 y 1983, etapa que el gobierno militar de facto denominó «Proceso de Reorganización Militar».
El dato surge de un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que consignó que hasta fines del año pasado habían sido imputadas 3448 personas y se habían dictado 250 sentencias, en las que resultaron condenadas 1013 personas (276 de ellas con al menos un fallo firme) y absueltas 164.
Del total de investigados, 904 fallecieron en los años de procesos, de los que 692 lo hicieron antes de obtener sentencia y 212 tras ser condenados o absueltos.
A la vez, 25 personas acusadas de crímenes de lesa humanidad están prófugas y su captura tiene precio: el Estado ofrece el pago de recompensas de entre 500.000 y un millón de pesos (de 5.600 a 11.200 dólares).
El camino hacia la verdad y la justicia se abrió a partir del Juicio a las Juntas Militares en 1985, que condenó a la plana mayor de la dictadura. También se abrieron causas contra cientos de mandos inferiores, pero este proceso se interrumpió con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final impulsadas por el gobierno de Raúl Alfonsín, entre 1985 y 1986, que impidieron el juzgamiento o ejecución de las condenas contra represores.
El pacto de impunidad se perfeccionó con la llegada a la presidencia de Carlos Menem, quien firmó indultos a favor de los militares del régimen que cometieron crímenes de lesa humanidad.
Recién en 2005, durante el mandato de Néstor Kirchner, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las «leyes de impunidad» del alfonsinismo y los juicios se reanudaron.
Hasta el momento, fueron condenados 1.013, y en los últimos años creció el número de pedidos de prisión domiciliaria, la mayoría por la avanzada edad de los acusados, algo a lo que se sumó en 2020 el argumento de la posibilidad de contraer coronavirus en la cárcel.
