Lo determinó el Papa Francisco y rige con carácter de ley. Refiere a la confidencialidad en el manejo judicial de los casos delitos sexuales por parte de sacerdotes.

El día que el Papa cumple sus 83 años, se conoció la nueva ley que dispuso: abolió el secreto pontificio hasta ahora vigente para casos de delitos sexuales cometidos por sacerdotes. De esa forma, Francisco ofreció una respuesta trascendente para los sobrevivientes de los abusos.

Según consigna La Nación, otra ley del Vaticano amplía la definición de pornografía infantil a víctima de hasta 18 años. Del mismo modo, permitió que laicos puedan defender en tribunales de la Iglesia a personas involucradas en delitos sexuales sin pedido de autorización previo.

Acorde a lo difundido, las dos nuevas normativas se denominan «rescriptum ex audientia», lo que en latín indica que el Sumo Pontífice toma una decisión que se convierte en ley en una audiencia con uno de sus máximos colaboradores.

La medida adoptada por Francisco recibió resistencias de parte de la curia. No obstante, “el Santo Padre ha dispuesto que tenga firme y estable vigor, pese a cualquier cosa contraria aún digna de especial mención, que sea promulgada a través de su publicación en L’Osservatore Romano, entrando en vigor inmediatamente y por lo tanto publicado en el comentario oficial de las Acta Apostolicae Sedis», señala el texto oficial firmado por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado.

El «secreto pontificio» eliminado por Francisco se refiere a la confidencialidad en el manejo judicial de los casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes y otros delitos graves de este tipo. Esta norma abre una puerta a las víctimas en los procesos judiciales que llevan adelante. En efecto, de ahora en más las denuncias, los testimonios y los documentos procesales relativos a casos de abusos conservados en los archivos de los dicasterios vaticanos, tanto como los que se encuentran en los archivos de las diócesis –y que hasta ahora estaban bajo secreto pontificio– podrán ser entregados a magistrados e investigadores de los respectivos países que los soliciten.

FuenteRDP / La Nación
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