Lo planteó el diputado provincial Luis Rubeo en virtud de las balaceras ocurridas en Rosario. En ese orden, también remarcó la necesidad de brindar un “contundente respaldo a la institución judicial”.
“Hay una suma de cuestiones y vienen del deterioro de años. En este gobierno termina explotando un deterioro de muchísimo tiempo”. De esa forma, el diputado provincial Luis Rubeo analizó el cuadro de situación relativo a las balaceras que sacudieron la ciudad de Rosario contra inmuebles de funcionarios judiciales que intervinieron en la causa Los Monos. En diálogo con Ciudadanos (este domingo, a las 20, por Cable y Diario, Somos Rosario y Somos Rafaela), el legislador justicialista recalcó la necesidad de tener “contundencia en el respaldo a toda la institución judicial, a esos jueces que están llevando acciones concretas”.
Pero también apuntó al gobierno provincial. “La responsabilidad concreta de la seguridad en la provincia depende del gobernador. Desde la oposición hemos tenido una actitud responsable. Le dimos la Ley de Emergencia en Seguridad al gobierno de Antonio Bonfatti y a los primeros años de Miguel Lifschitz”, recordó. En ese sentido, ponderó que se trató de una herramienta bien utilizada por las gestiones aludidas.
Desde la perspectiva de Rubeo, la cuestión merece una “política de Estado”. “El error del gobierno fue no habernos convocado y no haber planteado el tema con absoluta contundencia porque se suponía que se podía tener éxito de forma parcial por parte del gobierno y podría ser un logro para su gestión”, evaluó. Y definió: “Hoy se le ha convertido en un boomerang”.
“De cara a la sociedad, la demanda a veces es mucho más simple. Los vecinos están pidiendo que se respete su tiempo, que se los trate como corresponde, de que no se los tenga de rehenes en un lugar”. Ante ese planteo sobre los derechos vulnerados de la ciudadanía, el dirigente del PJ remarcó que en toda la provincia hay 15 inspectores en la materia.
Con relación a lo anterior, Rubeo se refirió al cobro de plus médico. “Es una acción que se lleva a cabo en la provincia en forma ilegal. Hay una ley que lo prohíbe contundentemente, la 13.731, sancionada por la Legislatura a fines del año pasado”, explicó. La normativa –de su autoría– establece que el paciente no puede pagar dos veces por la misma prestación. Sin embargo, la ley no está reglamentada que aplica las penalidades. “Le hemos pedido al gobernador Lifschitz que reglamente esta cuestión porque hay miles de santafesinos que ven todos los días sus derechos vulnerados y que necesitan ser defendidos”, esgrimió.
