La UNL reúne voces en torno a la investigación y el trabajo científico interdisciplinario para el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad. Se trata del caso del Equipo Argentino de Antropología Forense y su vinculación con los juicios en Santa Fe.
A 44 años del golpe de estado cívico militar, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) asume el compromiso de ser parte activa en el proceso de promoción de políticas de Estado en torno al camino de memoria, verdad y justicia. Es así que entre las experiencias y diversos recorridos que se desarrollan con participación de la comunidad universitaria, desde el Programa de Derechos Humanos de la Secretaría de Extensión Social y Cultural, creado en 2007, se han generado acciones que integran la docencia, la investigación y la extensión para el impulso de diversas políticas públicas relacionadas con el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad.
Para el profesor Roberto Vicente, director del Programa de Derechos Humanos, “desde la academia hemos trabajado y producido en cuestiones fundamentales como el estudio de la jurisprudencia de temas relacionados con los derechos humanos en las violaciones que se cometieron en la dictadura. Hemos generado formaciones y debates sociales respecto de los genocidios y golpes de Estado”, consignó.
En efecto, el propio programa trabaja generando espacios de formación y capacitación transversales a las carreras de la Universidad, pero también para y con la comunidad. Articula acciones con organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas para la reivindicación de la memoria del pasado reciente. Una de sus líneas principales es surcar las huellas de la memoria, desde una mirada transdisciplinar.
Rastros de la dictadura en Santa Fe
En el caso de nuestra provincia, esta mirada de la ciencia ha sido esencial en los juicios orales y públicos por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar. Desde 2009, se realizaron 17 juicios. En estos casos se contó con el apoyo fundamental del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que viene aplicando la ciencia con sentido social para identificar a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en nuestro país y en todo el mundo desde 1984.
La antropóloga santafesina Sofía Egaña integra el EAAF desde 1999 y es experta en análisis antropológico de restos humanos. Ella explica el trabajo interdisciplinario del Equipo: “Entre las disciplinas básicas que tenemos en el EAAF está el área de investigación preliminar, el área de búsqueda con las nuevas tecnologías –como drones, fotografías satelitales, aéreas– y el área de técnicas de arqueología clásicas para la recuperación –más o menos sofisticadas, dependiendo el caso–. Luego, está el área de laboratorio donde hacemos el análisis de los restos y la toma de muestras para el análisis genético y el procesamiento genético de estas muestras”.
Durante este año el trabajo continúa, ya que se encuentra previsto otro juicio oral y público. Esta vez, por los secuestros y torturas padecidos por 44 víctimas en la ciudad de Santa Fe, Laguna Paiva y zonas aledañas, ocurridos entre los años 1976 y 1983. “También formaron parte del plan sistemático de persecución política ilegal pergeñado por autoridades militares y civiles”, apunta Martín Suárez Faisal, docente y fiscal general de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Santa Fe.
“En esos hechos han tenido intervención al menos 15 efectivos de la policía de la provincia de Santa Fe y de la Policía Federal Argentina, un personal civil de inteligencia del ejército y un civil que cumplía funciones en la Justicia Federal por aquellos años. En estos casos, se muestra un circuito criminal que comenzaba con el secuestro de militantes políticos, gremiales o sindicales por parte de alguna fuerza del Estado, su cautiverio en comisarías, en la delegación de la Policía Federal, en dependencias del Ejército Argentino y hasta en locales particulares, lugares donde eran sometidos a tormentos y vejaciones. Las víctimas también fueron trasladadas con los ojos vendados y las manos atadas, hacia casas alejadas de la ciudad que hasta el día de hoy no han podido ser identificadas. Allí padecían interrogatorios bajo la aplicación de energía eléctrica, asfixias, y otros métodos de tortura”, apunta Suárez Faisal.
En los juicios públicos, el Equipo Argentino de Antropología Forense fue y es fundamental para identificar restos humanos en fosas comunes de cementerios o predios rurales del Ejército donde se escondieron los cuerpos de desaparecidos. Además, el Banco Nacional de Datos Genéticos presta permanente auxilio en el cotejo de muestras de ADN de posibles personas apropiadas y almacena los datos de los familiares de las personas que continúan desaparecidas.
“En todos los casos en que intervenimos se da la problemática de que hay muchas personas desaparecidas, cuerpos sin identificar y que se encuentran más allá de la identificación visual, en condiciones de esqueletización o ya no reconocibles. Es ahí donde la antropología interviene con sus técnicas de estudio para determinar el sexo, el rango de edad, el momento de la muerte, el perfil biológico y el perfil traumatológico. Es decir, de qué murió esta persona. Nosotros nos ocupamos de la identificación y el esclarecimiento de la causa de la muerte”, explica Egaña.
El rol de la Universidad
En los juicios orales y públicos de nuestra provincia se trató la situación padecida por numerosas víctimas y se sancionó a los perpetradores cuando se logró demostrar su responsabilidad. Para este próximo juicio oral y público, la UNL, a través de equipos de docentes especializados y estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, están colaborando con la realización de una reproducción arquitectónica de un centro de detención clandestina.
Ubicado en la intersección de las calles San Martín y Obispo Gelabert de la ciudad de Santa Fe, el “Departamento de Informaciones D-2” de la Policía de Santa Fe fue un centro clandestino de detención. Hoy está señalado como Sitio de Memoria. “Esa maqueta será utilizada por los testigos-víctimas, los jueces y los fiscales para determinar los lugares de cautiverio y de torturas, conocer la verdad sobre los hechos y eventualmente sancionar a los responsables”, consigna Faisal. La intención es que la maqueta también sirva como iniciativa para la reproducción de los demás edificios identificados en la ciudad y estos conformen un conjunto que sirva como material educativo para las cátedras interesadas y, a su vez, sea una muestra itinerante.
Para garantizar un pleno ejercicio de los derechos humanos, la educación debe pensarse como un bien público y social. Para Egaña, la Universidad ha sido central en el trabajo del EAAF: “Las universidades nos dan las herramientas de intercambio, de generación de nuevo conocimiento y también la validación de esos métodos, esas técnicas y procedimientos en investigación. La importancia radica en que ese conocimiento esté validado y esté avalado por una comunidad científica y académica, para que luego ese se aporte a las investigaciones”, concluye.
Con la convicción de que el conocimiento sólo cobra un sentido si cuenta con un valor social, la UNL propone continuar con estos espacios de reflexión, debate y experiencias compartidas. El desafío: construir y validar conocimientos socialmente, bajo la perspectiva de los derechos humanos.
Sin identificar
Aunque el trabajo del EEAF lleva ya 35 años, aún hoy cuentan con aproximadamente 800 restos sin identificar. Es por esto que convocan a las familias que tengan personas desaparecidas durante la última dictadura militar para que se acerquen al Equipo.
Pueden comunicarse al 0800 – 3453236 o a [email protected].
