El organismo de control realizó una auditoría en torno al Programa Iniciativas Comunitarias. Asimismo, lanzó una serie de “recomendaciones” a la Intendencia. Los concejales aguardan recibir el texto de la evaluación propiamente dicha.
A raíz de las irregularidades detectadas en el programa Iniciativas Comunitarias de la Municipalidad, que fueran oportunamente denunciadas por la investigación periodística Corral Papers, los ediles le solicitaron una auditoría al Tribunal de Cuentas Municipal (TCM), a partir de una iniciativa de Alejandra Obeid. Efectivamente, el estudio se realizó sobre la base del período 2013 2016.
En principio, el informe del organismo indica que “se encontraron fallas en todos los procesos” por lo cual se adjuntó “un anexo con recomendaciones básicas que desnudan la discrecionalidad reinante”. Se trata de un estudio preliminar, mientras el cuerpo de concejales aguarda que se les remita la auditoría propiamente dicha.
Entre las cuestiones relevantes, se inscribe que “en cada expediente de contratación figuraba un texto similar en el que se sostenía que, además de la entidad beneficiada, otras tres habían sido invitadas a cotizar, pero que habían preferido no pasar cotización. El TCM advierte la irregularidad: ‘Deben ser consultados al menos cuatro proveedores’ y ‘debe constar’ el pedido de cotización ‘debidamente diligenciado a cada proveedor’”.
También se observó que no corresponde la “modalidad de concurso privado”. “El TCM le recuerda a la Intendencia que las simplificaciones, y en consecuencia la discrecionalidad absoluta que otorga, que conllevan contratar con cooperativas y ONGs mediante la modalidad de un concurso privado no corresponden a este tipo de operatorias”.
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El texto interpretativo elaborado por las vocales del organismo establece, además, que “la aparición de funcionarios, familiares y empleados municipales en cooperativas y ONGs beneficiadas con el programa de Iniciativas Comunitarias es contraria a la ley, además de una clara falta de ética”. Por tal motivo, se le recomendó al Ejecutivo municipal “continuar agudizando el control en el proceso de selección”, en tanto se recuerda que previo a la firma de un convenio “se tienen que fijar que entre los integrantes de la cooperativa no tiene que haber ni empleados, ni funcionarios a fin de evitar posibles situaciones de incompatibilidad o conflicto de intereses”.
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En un mismo orden, el análisis en cuestión plantea la necesidad de “incorporar a los contratos una cláusula de garantía por vicios o defectos de las obras y el certificado de recepción de obra”. A propósito, el TCM hace hincapié en hechos formales que hacen a la transparencia y los procedimientos de rigor. Vale decir, “el procedimiento de contratación se debe implementar de forma ordenada y coordinada con el RAFAM, reflejando el real estado en el sistema de movimientos de los expedientes”.
En cuenta a las “desprolijidades” que se advierten en la administración de Iniciativas Comunitarias, las vocales consideran que se debe “dar efectivo cumplimiento a la intervención del personal municipal con asignación específica de funciones según estructura orgánica funcional en los informes técnicos conforme lo expresado oportunamente por el Tribunal en 2011”.
Por último, cabe insistir en que la auditoría encomendada por el cuerpo deliberante no fue remitida a los propios integrantes del Concejo. Solo ingresó a la Comisión de Hacienda el texto interpretativo firmado por las vocales del TCM, mientras que la auditoría en sí misma sí fue presentada ante el intendente José Corral “para que conteste las recriminaciones detectadas”.
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