Lo señaló Claudia Catalin, integrante de la Mesa Ni Una Menos de Santa Fe, tras conocerse el fallo la Corte Suprema provincial que anula la condena al femicida de Chiara Páez. “Esta sentencia, que es legal, suena muy injusta”, remarcó.
A raíz del fallo de la Corte Suprema de Santa Fe en relación con la condena al femicida de Chiara Páez, que anula su sentencia de 21 años y seis meses de prisión, las voces del movimiento Ni Una Menos y de los feminismos en general ya se hicieron escuchar. Tal es el caso de la activista Claudia Catalin, quien sostuvo hoy: “El caso de Chiara fue el que movilizó a todo el país al grito de Ni Una Menos, fue un caso muy relevante, que conmovió a toda la sociedad y que generó este movimiento que es observado a nivel mundial contra la violencia de género, pidiendo que se respeten los derechos humanos de las mujeres”.
Tras haber leído el fallo, Catalin comentó que el texto “admite el pedido de inconstitucionalidad y se ordena volver a juzgar al femicida de Chiara (Manuel Mansilla)”. “Es interesante el devenir de este proceso porque la discusión gira en torno a la escala penal aplicable al femicida. Es un menor. Por eso en primera instancia y en segunda instancia, se le había impuesto una pena de 21 años y medio. La inconstitucionalidad se puede leer respecto a cuál es la norma aplicable sobre la condena y los años que debe imponerse en un delito de este tipo”, esgrimió la militante de Ni Una Menos. En ese orden, resaltó que “no hay duda que fue un femicidio y en ese aspecto se juzgó y estuvo en discusión en todas las instancias cuál era la pena aplicable porque juegan las normas internacionales que tienen jerarquía constitucional de protección de niños, niñas y adolescentes y cómo interpretar el derecho penal en estos casos”.
Frente a ese panorama, se plantean dos posturas. “Uno dice que se debe juzgar al delito como si hubiese sido cometido en grado de tentativa, con lo cual el femicidio tiene una pena de entre 10 y 15 años”. Y la otra postura, que se sostuvo en primera y segunda instancia indica que “los juzgadores pueden hacer un cálculo de acuerdo al proceso, su importancia y las actuaciones”. Justamente esto fue lo que la Defensoría de Menores reclamó como inconstitucional. No obstante, “hay cuestiones vinculadas a la perspectiva de género, a la conmoción del caso, que permiten aplicar la pena tal cual se aplicó de 21 años y seis meses”, definió Catalin. Ya con el fallo de la Corte, el femicida será nuevamente juzgado y, “probablemente, la pena sea entre 10 y 15 años”.
“La crítica desde el movimiento de mujeres –continuó Catalin– es la preocupación ante una justicia que requiere reformas, una perspectiva de género al interior de todos sus aspectos, sus órganos. Hace mucho más. Esta sentencia, que es legal, suena muy injusta. Nos deja el sabor amargo de que la justicia no está atendiendo los derechos de las víctimas de femicidios y desoye nuestros reclamos”, argumentó el activista feminista. Al respecto, recalcó: “Volvemos a la carga con el pedido de una reforma profunda de la justicia, que incluya en todos sus estamentos a mujeres en forma paritaria”, definió.
