Tales fueron los ejes que analizó el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, en torno a la inseguridad. A su vez, justificó la iniciativa que posibilita la prisión preventiva para quienes porten armas de fuego ilegales a la hora de delinquir.
El circuito de las armas ilegales constituye una de las “causas del temor con que vive la sociedad”. Así lo analizó el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, en referencia a la mentada inseguridad de la mano de la “alta criminalidad y profesionalización que tienen las bandas, sobre todo, las que operan en Rosario”. “El Estado muchas veces va detrás. La sociedad en su conjunto debe dar una batalla a través del Estado y sus tres poderes. La iniciativa del Ejecutivo es brindar una herramienta más para el Poder Judicial”, destacó en alusión al proyecto para que pueda dictarse la prisión preventiva en casos delictivos en los cuales se opere con armas ilegales.
La idea es “que los jueces puedan tener herramientas legales para aquellas personas que están armadas con armas de fuego, cual fuera su calibre, portándola de manera ilegal, o vayan a producir delitos con ellas, o traten eludir un procedimiento policial o judicial, puedan transitar el proceso penal con una prisión preventiva a la par de un juicio con todas las garantías constitucionales”, explicó el funcionario en declaraciones a ABC1 (que se emite este domingo, a las 23, por Somos Santa Fe y Somos Rafaela; y a las 21, por Somos Rosario).
A la hora de profundizar sobre los alcances del proyecto, el secretario aclaró que “es puramente de competencia provincial”. “Las normas procesales que tiene nuestra provincia versus las normas nacionales, prácticamente, están reflejadas, en espejo. En el enjuiciamiento penal, cuando se comete un delito, se tramitan distintos pasos y en esos pasos se puede obstaculizar el normal desarrollo. Entonces, se puede dictar medidas precautorias o cautelares”, esgrimió. Al respecto, “una medida puede ser que quien estaba privado de la libertad sea liberado y sea puesto en custodia de un familiar o de una entidad pública”. “Y en otros casos, es menester que quede privado de su libertad en un instituto carcelario. Hoy si alguien trata de evadir la acción de la justicia o la justicia tiene temor que se fugue, puede dictarse la prisión preventiva”, precisó. Ante tales circunstancias, el gobierno provincial propone añadir la portación ilegal de armas.
Sobre las organizaciones criminales y la violencia que suscitan en las calles, Somaglia reflexionó que “la institución política se alejó de tener una visión eficiente de la gestión de la seguridad”. Así, “se generaron bolsones de corrupción dentro de las fuerzas policiales y de las fuerzas del servicio penitenciario”. “Eso ha posibilitado que no se custodiara o no se ejerciera actos eficientes de seguridad”. A su vez, el funcionario también remarcó “la desavenencias económicas de nuestro país, el crecimiento de la pobreza y la precarización económica, hacen que el mercado de la droga sea más rentables y sus recursos, volcados a sectores pobres, posibilitan que se formen soldaditos que hoy ven campo fértil en la sociedad para delinquir. Por otro lado, no tienen otra salida laboral o social”, argumentó.
