El juez penal de Rosario, Román Lanzón, rechazó el planteo de prisión preventiva solicitado por el fiscal Miguel Moreno para los ejecutivos de la firma agroexportadora, pero les prohibió irse de Argentina y dispuso una caución para su libertad.
Los 14 directivos de la agroexportadora Vicentin imputados por estafas no podrán salir del país y seis de ellos deberán fijar un seguro de caución por U$S 10 millones para continuar en libertad, resolvió ayer el juez penal Román Lanzón, de Rosario.
De esta forma, el magistrado rechazó el planteo de prisión preventiva solicitado por el fiscal Miguel Moreno para los ejecutivos Omar Scarel, Roberto Gazze, Alberto Macua, Miguel Vallaza y Javier Gazze, todos de la firma agroexportadora, al tiempo que le fijó una caución de U$S 10 millones y el cumplimiento de una serie de medidas de conductas hasta que el caso vaya a juicio.
El fiscal, que el martes acusó a los ejecutivos por balance falso y estafas por unos U$S600 millones, sostuvo tras la audiencia de este jueves en la que se debatieron las medidas cautelares: “Nosotros creíamos que era procedente la prisión preventiva, y ahora vamos a evaluar si apelamos o no”.
Si bien rechazó la prisión solicitada por el fiscal, el juez estableció que los 14 acusados deberán fijar domicilio, y les dictó la prohibición de salir del país y les ordenó entregar sus pasaportes a la Fiscalía.
Moreno también había solicitada la prisión domiciliaria con tobillera electrónica para Daniel Néstor Buyatti, expresidente del directorio de Vicentin, medida que fue rechazada por el juez.
A la vez, Lanzón dio por formalizada la acusación presentada el martes pasado por el fiscal, que imputó por más de una decena de estafas a quienes fueron miembro del directorio de la cerealera concursada hasta el 15 de octubre del año pasado, cuando renunciaron con el fin de generar “confianza” en los acreedores de la compañía.
En concreto, el fiscal sostuvo que existió “un ardid” por parte de la conducción de la compañía que consistió en introducir información falsa en los balances para mostrar “una aparente sólida situación patrimonial de la empresa Vicentin SAIC, con el fin de ocultar su realidad económica financiera”.
Entre los damnificados por esas presuntas maniobras de estafa hay un grupo de clientes de la agroexportadora que le entregó granos bajo la modalidad de “precio a fijar”, pero que no pudieron cobrarlos por la cesación de pagos de la compañía en diciembre de ese año.
También un pool de bancos internacionales que otorgó préstamos a Vicentin para prefinanciar exportaciones, convencidos de la solidez patrimonial de la firma. Según Moreno, Vicentin incluyó en los balances 2017 y 2018 como activos corrientes los granos comprados bajo la modalidad de «precio a fijar», pero no registró como pasivos corrientes las deudas por esos contratos aún impagos.
Por eso acusó a los 14 directivos de entonces –algunos de los cuales permanecen en la empresa– de «realizar una puesta en escena de empresa solvente y confiable, siendo exitoso a la hora de generar confianza en los productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores».
Estos últimos, según el fiscal, «engañados entregaron toneladas de granos a Vicentin bajo la modalidad de contratos con precio a fijar, con el pleno conocimiento de los directores y síndicos de la imposibilidad de cumplir las obligaciones asumidas».
Otro de los damnificados fue el Banco Macro, que de acuerdo a la investigación le otorgó dos créditos por $280 millones –el segundo con fecha del 30 de octubre de 2019– a Vicentin.
«A los fines de obtener las asistencias crediticias la empresa adjuntó los estados contables cerrados al 31 de octubre de 2018, que aparentaban una situación superavitaria y con solvencia económica», señaló el fiscal.
Y agregó que «las maniobras de los directores de Vicentin era la de entregar documentación con información contable falsa, ocultando la realidad económica de la empresa».
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