El actor civil y militante brindó algunas aclaraciones sobre las indemnizaciones que la provincia deberá pagar a las personas damnificadas, medida que no será apelada por el Ejecutivo.
Días atrás se supo que el gobierno provincial no apelará el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que obliga, justamente, al Ejecutivo a cumplir con las indemnizaciones económicas correspondientes en beneficio de las personas damnificadas por la trágica inundación de 2003. Al respecto, Jorge Castro, uno de los actores civiles que integra una de las organizaciones inundados, aseguró hoy: “Todavía no tenemos la resolución. Hay una sola causa penal y siete mil causas civiles”.
En una entrevista con ATP, el militante de uno de los organismos de derechos humanos que reclama justicia y brega por la memoria, en consonancia con la catástrofe hídrica que afectó a unas 138 mil personas, evocó que el 29 de abril de 2003 es una fecha “que está muy calada” en la sociedad. “Ha sido el más importante que tuvo la ciudad en todo su transcurrir histórico, en relación con lo que fueron las pérdidas económicas, las pérdidas humanas y porque ese Estado se hizo el tonto con la frase ‘a mí nadie me avisó’”, ésta última expresada oportunamente por quien fuera el gobernador en aquel entonces, Carlos Reutemannn. “Cuando uno se somete a ser gobernador, se compromete a tener una responsabilidad”, recalcó Castro.
En la referencia a aquel momento aciago para Santa Fe, continuó: “El pueblo salvó al pueblo. Fueron los santafesinos los que actuaron con sus lanchas. El Ejército entró a la 1 de la mañana a Santa Rosa de Lima. Cuando la situación se puso tremendamente difícil, en los techos de la escuela de Santa Rosa de Lima, donde estaba Ana Salgado –ya fallecida–, Santa Rosa tenía seis metros de agua. El cauce del río era por la ciudad”, debido a una obra inconclusa, responsabilidad del propio gobierno de turno.
Ahora bien, en cuanto al curso legal de los hechos, Castro precisó que “el que decide no apelar es el Poder Ejecutivo, aconsejado por el fiscal de Estado, Domingo Rondina”. “Rondina dice que esto es sobre las causas civiles, por un hecho de resarcimiento económico. Pero se trata de la búsqueda de la verdad, de porqué de la inundación. El pueblo hizo un reclamo de justicia que fue la causa penal, la causa de fondo es la penal –insistió–. Litigamos en contra del Estado. Si habíamos recibido resarcimiento económico, no podíamos litigar. La resolución de la Corte (en cuestión) no está publicada en ningún lado, no nos llegó”, aseveró Castro y advirtió: “Que la bondad no se transforme en cinismo”.
Acerca de aquel resarcimiento cobrado en su momento por las víctimas, el militante planteó que “el objetivo fue dividir el reclamo de los inundados porque la mayoría era pobre”. Y recalcó: “Detrás de esto no sólo están los muertos, sino también las personas que quedaron en el camino. La gente que sabía que no tenía otra oportunidad”, en alusión a las personas que fallecieron o padecieron enfermedades una vez que el agua bajó y hubo que regresar a las casas.
