En Casa Rosada se encontraban ocho gobernadores. El presidente había advertido días atrás sobre el «avance inadmisible del Poder Judicial sobre los otros poderes de la Argentina».

El presidente Alberto Fernández se reunía en Casa Rosada con gobernadores peronistas y aliados para avanzar en el pedido de juicio político al titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

Según consignó la agencia NA, tras recibir en su despacho al ex CEO de Syngenta Antonio Aracre para oficializarlo como futuro jefe de asesores presidenciales, Alberto Fernández se trasladó hacia el Salón Eva Perón para encabezar un encuentro con varios mandatarios provinciales.

El objetivo de la reunión es evaluar el escenario y definir los pasos a seguir respecto a la intención de solicitar en el Congreso el juicio político contra Rosatti, así como también pedir que se investigue al resto de los integrantes de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Según supo NA, en el Salón Eva Perón se encuentran presentes los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Formosa, Gildo Insfrán; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

También estaban en Casa Rosada los vicegobernadores de Santa Cruz, Eugenio Quiroga; y de Catamarca, Rubén Dusso: pese a estar representados por sus vices, los mandatarios de estas dos provincias, Alicia Kirchner y Raúl Jalil, respectivamente, se sumaron al encuentro a través de la plataforma Zoom.

A través de un mensaje en el que realizó un balance de 2022 y planteó lo que queda pendiente para su último año de gestión, el mandatario había dado a conocer su decisión de impulsar el juicio político contra Rosatti.

«He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones», había indicado el jefe de Estado.

Y había agregado: «También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal».

En esa línea, Alberto Fernández había advertido sobre el «avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina».

«Diversas publicaciones, jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia. Ya no necesita de ningún análisis especial. Las conductas, los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado», había lanzado.

Asimismo, había afirmado que debe «impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional».

«Es mi deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica», había manifestado, en referencia a la decisión de la Corte Suprema que favoreció al gobierno porteño en su reclamo por fondos de coparticipación.

FuenteRDP / NA
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