Los acusados son un sargento de 43 años y un suboficial de 30, a quienes se acusa de tentativa de extorsión, hurto, falsedad ideológica y encubrimiento. Los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández solicitarán penas de seis años de prisión para cada uno. Además, pedirán que sean inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 12 años y que paguen una multa de 50 mil pesos cada uno.
Dos policías comenzaron a ser juzgados esta mañana como coautores de delitos cometidos en 2014 en el área de Seguridad Personal de la Unidad Regional I. Es en el marco de un juicio oral y público que se desarrolla en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Los acusados son un sargento de 43 años y un suboficial de 30, cuyas iniciales son MAM y ENP, respectivamente. Los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández llevaron a cabo la investigación y representan al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el debate. Por su parte, el juez a cargo del debate es Gustavo Urdiales.
Jiménez y Hernández informaron que “solicitaremos condenas a seis años de prisión efectiva para cada uno de los acusados” y subrayaron que “también pediremos que los uniformados sean inhabilitados para ejercer cargos públicos por doce años”. Asimismo, “dado que llevaron a cabo su accionar delictivo con ánimo de lucro, propondremos que cada uno deba pagar al MPA una multa de 50 mil pesos”, agregaron.
Abusos funcionales
“Los acusados abusaron de sus funciones”, aseguraron los fiscales. “Se valieron de su trabajo como policías para intentar extorsionar a una persona, perpetrar un hurto, incluir declaraciones falsas en un acta de procedimiento y encubrir su accionar ilegal”, afirmaron.
Relataron que “el viernes 28 de noviembre de 2014 al mediodía, los uniformados irrumpieron en una carnicería de la ciudad de Santa Fe, ubicada en inmediaciones de calle Castañaduy al 6800, y manifestaron que buscaban un arma de fuego ilegal”. Según aclararon, “el dueño del local no estaba presente”.
Jiménez y Hernández narraron que “los agentes interrogaron a un empleado y revisaron el lugar sin autorización”. Al respecto, indicaron que “los miembros de la fuerza de seguridad hallaron un revólver y se apoderaron ilegítimamente de él”.
“A su vez, los acusados obligaron a la víctima a subir a un automóvil y, mientras recorrían la ciudad, llamaron por teléfono al dueño de la carnicería y le exigieron cinco mil pesos a cambio de la libertad del empleado”, señalaron los funcionarios del MPA. “Sin embargo, el comerciante al que trataron de extorsionar se negó a entregar la suma de dinero”, explicitaron.
Los representantes del MPA expusieron que “el empleado del local comercial permaneció detenido en una dependencia policial hasta las 16.30 del mismo día, cuando firmó bajo presión un acta con declaraciones falsas”, y detallaron que “el documento había sido redactado por los acusados y narraba una aprehensión en la vía pública que nunca existió”.
Calificación penal
Jiménez y Hernández se refirieron a la calificación penal de los ilícitos. “Los policías serán juzgados como coautores de los delitos de tentativa de extorsión; hurto agravado (por haber sido cometido por integrantes de las fuerzas policiales); falsedad ideológica en un instrumento público calificada (por haber sido perpetrada por funcionarios públicos con abuso de sus funciones) y encubrimiento”, puntualizaron.
De acuerdo con lo informado por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), esta mañana se llevarán a cabo los alegatos de apertura de las partes y declararán los testigos. El martes, en tanto, está previsto que se realicen los alegatos de clausura.
Por último, el juez informará su veredicto en una audiencia programada para el jueves a las 8.30.
