En una extraña maniobra que no tiene antecedentes en esta jurisdicción, la indagatoria de los integrantes de Mercados de Valores del Litoral no se llevará adelante. Estaba prevista para el 12 de marzo, pero hasta que la Cámara Federal de Rosario no resuelva no habrá paso siguiente.
La estafa llevada a delante desde Bolsafe Valores fue muy grande, enorme, pero no se tiene certeza hasta dónde llegaron las esquirlas de semejante explosión financiera.
Está claro que en el país tuvo una gran repercusión, pero algunos seguidores del caso hablan también de que los parámetros de comparación la establecen como una de las estafas más grandes en Latinoamérica. La cara visible y brazo ejecutor de todo lo ocurrido es el del CPN Mario José Enrique Rossini.
El profesional de bolsa está preso desde 2012, año en que se probó que defraudó a 62 ahorristas (en primera instancia), número que luego ascendió a 408. El monto de la defraudación llegaría a $1000 millones.
Otra parte de la investigación es cómo la empresa de Rossini pudo manejar ese gran volumen de dinero sin tener controles de Mercados de Valores del Litoral (en el ámbito provincial) y de la Comisión Nacional de Valores.
En diciembre pasado, el juez federal con competencia en Santa Fe, Francisco Miño, llamó a prestar declaración indagatoria a los integrantes de Marcados de Valores del Litoral en el período 2002 – 2012 porque sospechaba que, en ese lapso, Rossini llevó adelante una serie de desaguisados financieros que nadie controló por omisión o connivencia.
El 12 de marzo era la fecha de comienzo de las primeras indagatorias. El turno inicial para ocupar el banquillo lo tenía Pablo Tabares, hasta hace poco funcionario de la Municipalidad de Santa Fe.
Sin embargo, Raúl Ignacio Elli, abogado defensor de la mayoría de los imputados (quien fue socio de Horacio Rosatti, hoy ministro de la Corte Suprema nacional) dijo que el informe que se elaboró en Buenos Aires sobre el caso es nulo y tramitó esta instancia.
Por esta crítica a la prueba, el proceso de indagatoria se suspendió, es decir, se realizó un camino exactamente al revés del proceso habitual ya que no hay antecedentes de que por por pedir la nulidad de la prueba se suspenda la indagatoria.
Vale tener en cuenta que este paso de que el acusado se siente frente al juez en un proceso judicial es fundamental desde el punto de vista de que es una herramienta que tienen los acusados para defenderse.
El juez Miño, quien había resuelto la indagatoria, volvió sobre sus pasos e hizo lugar al pedido del abogado Elli, algo tan poco común como llamativo (por no decir inexplicable).
En pocas palabras, el proceso de investigación sobre la defraudación a 402 ahorritas por la friolera de $1000 millones quedó freezado, hasta tanto la la Cámara Federal de Rosario resuelva. En el caso de que también haya que recurrir a la Cámara de Casación y luego a la Corte Suprema, lo que se gana es tiempo y, en ese caso, se garantiza la impunidad.
Elevan a juicio la segunda parte de la causa Bolsafé Valores que investiga la Justicia federal
