Muchos cuestionamientos hay alrededor de la investigación que intenta establecer datos fehacientes sobre el femicidio de la docente. El fiscal de la causa es cuestionado por la familia y las abogadas. Insólitamente, nunca se peritó el teléfono celular de la maestra.
Se cumple un año del femicidio de Vanesa Castillo y no hay avances en la causa. EL 15 de febrero, pero de 2018, la docente que recorría todos los días 50 km para dar clases en la escuela pública Victoriano Montes de Alto Verde recibió 13 puñaladas de parte de Juan Ramón Cano.
El número de impactos que Cano le asestó a Castillo da cuenta de la alevosía, el sadismo y la contundencia con la que el femicida actuó. Vale recordar que el móvil del robo en el hecho quedó descartado al poco tiempo de ponerse en marcha la investigación.
El fundamento para esto es que Cano actuó impulsado por el pedido de un grupo de personas vinculadas a otro sujeto. Ese hombre hace medio año fue condenado a 13 años de prisión por ser el culpable de la violación de su hermanastra (de entonces 11 años). Esa víctima era alumna de Vanesa Castillo. La docente, al enterarse de la situación y del embarazo de la niña, puso en marcha el protocolo de actuación que en estos casos debe accionarse. Esto significa brindar a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación la información de lo que se conozca.
Cuando esto ocurrió, alguna persona cercana al violador se tomó conocimiento de que Vanesa había promovido la denuncia. Lamentablemente, la acción de Vanesa no tuvo la atención que requería y de hecho la docente sufrió muchas amenazas antes de las 13 puñaladas mortales que le propinó Cano.
El reclamo de los familiares y allegados a la docente es que los expedientes de la violación de la niña y el femicidio de Vanesa sean parte de una misma investigación y que se junte, debido a que tienen relación, porque uno es consecuencia del otro.
El femicida de Vanesa, Juan Ramón Cano ya había estado preso, y también tuvo un paso por el hospital psiquiátrico Mira y López en la ciudad de Santa Fe. Allí, fue acusado de violar a una interna y, a pesar de semejante antecedente, no se sabe cómo estaba en libertad.
El fiscal actuante en la causa es Andrés Marchi, quien resulta muy cuestionado por las abogados y familiares de Vanesa.
Un punto en la investigación que se presenta por demás de llamativo es por qué nunca se peritó el teléfono celular de la maestra, ya que mediante ese aparato ella había recibido amenazas.
Esta tarde habrá una serie de actos en la explanada de la escuela Almirante Brown, para reclamar justicia y se impulsará un proyecto de ley para proteger a los niños y niñas, y a docentes en los casos de denuncias de abuso.
A un año del femicidio, se estrenará un documental sobre Vanesa Castillo
