Lo manifestó Enrique Müller, abogado querellante en la causa Bolsafé Valores, en relación con la postulación de Germán Huber para integrar el Tribunal de Cuentas Municipal. Sostuvo, además, que en el esquema de la estafa todos “hicieron la vista gorda” y que se trató de una asociación ilícita.
Rueda de Prensa dio cuenta, días atrás, de la trayectoria de Germán Huber, el contador que fue postulado por José Corral para integrar el Tribunal de Cuentas Municipal. En ese orden, se destaca su pedido de indagatoria en la causa judicial que investiga la millonaria estafa de Bolsafé Valores.
Anoche, en el mismo programa televisivo, Enrique Müller, uno de los abogados querellantes, manifestó que “esta cuestión lleva casi seis años y a nivel nacional y dentro de la justicia federal es una vergüenza que todavía estemos viendo quién viene a indagatoria”. En paralelo, el letrado opinó que “sería lamentable que, además, sea premiado por la política local a los fines de ocupar un cargo público”, en relación con quien fuera síndico General de la Municipalidad entre 2007 y 2011 y vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia entre 2011 y 2017.
Imputado por Bolsafé Valores y postulante para el Tribunal de Cuentas
“Todas estas personas ayudaron a (Mario) Rossini a generar la estafa. Los damnificados ven como una burla que estos personajes, que han integrado comisiones fiscalizadoras dentro del Mercado de Valores del Litoral en el momento en que regía la ley 17.811, hoy tengan la posibilidad de acceder a ciertos niveles del Estado”, esgrimió Müller, en tanto recalcó que esta situación evidencia que “dentro de este esquema de estafa han intervenido actores políticos”.
Consultado específicamente sobre la figura de Huber y su rol en las maniobras fraudulentas, el abogado de la querella indicó que “teníamos un esquema de personas que no efectuaban los controles respecto de la firma Bolsafé Valores. De hecho, integraban una comisión fiscalizadora que si se hubiera encargado oportunamente de darle fin a todas las maniobras que estaba haciendo Rossini, los perjuicios hubieran sido mucho menores”. A propósito, remarcó que el propio Rossini “generó cierto estatus superior en el que todo el mundo respetaba ciertas cuestiones y se hacía la vista gorda sobre lo que se hacía, básicamente con el alquiler de títulos de valores que está prohibido”.
Con una estafa que, a fines de 2012, alcanzó los 250 millones de pesos, con “maniobras burdas” –en términos del propio abogado–, “en el informe de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) está muy bien detallado y explicitado sobre cada una de las 19 personas que imputan. Si alguien quisiera ponerle nombre a esto sería asociación ilícita”, definió.
