Empiezan a conocerse algunos de los puntos que propone el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Según se difundió este viernes, mantener impuestos a la soja en un promedio de 25,5%, acelerar la baja de subsidios a la energía y el transporte, reducir el gasto en salarios en el Estado son algunas de las pautas que aparecen en el informe que el staff del FMI elevó al directorio del organismo el 20 de junio para que este cuerpo decida la aprobación final del crédito.

Todavía no se conoce en detalle el plan que hay detrás del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Aunque, por la historia de nuestro país algunos ya pudieron dilucidar alguno de los posibles items.

Este viernes, finalmente se difundió un informe con alguno de los puntos que Argentina deberá cumplir, entre ellos se destaca: mantener impuestos a la soja en un promedio de 25,5%, acelerar la baja de subsidios a la energía y el transporte, reducir el gasto en salarios en el Estado y las transferencias a las provincias.

«Argentina ha puesto en marcha un nuevo plan económico diseñado para bajar la deuda del país, reducir la inflación y reforzar la independencia del Banco Central», señala un reciente posteo del FMI.

Dicho organismo, publicó una entrevista con Roberto Cardarelli, jefe de la misión del FMI para Argentina, quien analiza los detalles del plan económico y responde a cómo hará el país para cumplir con uno de los objetivos que es «bajar el déficit fiscal» y responde: «Se basa en medidas que apuntan a reducir los gastos del gobierno federal. Estas medidas incluyen, por ejemplo, nuevos recortes en los subsidios a la energía, una menor factura salarial y una reducción de las transferencias tanto a las provincias como a las empresas estatales. También hay algunas medidas impositivas, en particular, la suspensión de los recortes de impuestos que se habían anunciado previamente, pero representan solo una pequeña parte del reequilibrio fiscal».

Además, consultado sobre la estabilización de la económica argentina, Cardelli manifestó que esperan que «el crecimiento se estabilice en el último trimestre de 2018» y sumó: «Anticipamos que la economía comenzará una recuperación gradual en 2019 y 2020, a medida que crezca la confianza y disminuya el costo de capital, junto con la inflación, mientras que las exportaciones repunten, gracias al sólido crecimiento en Principales socios comerciales de Argentina (Brasil, Estados Unidos y China)».

Algunos de los puntos del acuerdo:

  • Mantener «la tasa promedio de impuestos a la exportación de productos de soja» en 25,5%
  • Demorar hasta 2020 la implementación de algunas disposiciones establecidas en la reforma tributaria (la reducción de cargas laborales para los empleadores y la posibilidad de deducir impuesto al cheque del impuesto a las Ganancias)
  • Reducir aún más los «subsidios ineficientes a la energía y el transporte».
  • Racionalizar el gasto público en bienes y servicios, con una baja del 15% en términos reales y continuando en 2019.
  • Recortar el gasto en salarios en el Estado mediante un recorte de «empleados no prioritarios» en 2018 y congelar las contrataciones en el sector público en 2019 y 2020, excluyendo a las universidades.
  • Limitar la suba nominal de los salarios del sector público (incluyendo pagos no remunerativos) al 8% entre junio de 2018 y junio de 2019.
  • Recortar las transferencias a empresas del estado un 15% en 2019, y realizar esfuerzos para fortalecer su posición financiera.
  • Reducir las transferencias a las provincias un 1,2% del PBI en 2019, y asegurar que esa reducción se complete con recortes en los gastos provinciales en bienes, servicios y salarios. De esta manera, se impulsa que la reducción del déficit fiscal se refuerce a nivel provincial.
  • Recortar un 0,6% del PBI el gasto en capital, a la espera de que los proyectos en la modalidad PPP (participación público privado) permita mantener el nivel de actividad en la obra pública.
  • Vender tierras e inmuebles públicos y amortizar los activos en fondos de pensión (el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES) para financiar parcialmente el gasto público en antiguos litigios judiciales por jubilaciones.

 

 

 

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