Durante la reunión se planteó un acuerdo de trabajo común con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Se fijó para el mes de octubre la realización de otro encuentro.
El gobernador Omar Perotti encabezó este miércoles en Casa de Gobierno un nuevo encuentro de la Junta Provincial de Seguridad, que reunió a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Además, del encuentro participaron, por primera vez, integrantes del Observatorio de Víctimas de Delitos, de acuerdo a la invitación que realizó el gobernador mediante el decreto Nº1337, en el marco del compromiso asumido ante los familiares de víctimas de hechos de violencia. En esta oportunidad, asistieron representantes de cadetes de delivery y familiares de víctimas de la inseguridad.
Durante la reunión, el jefe de la Casa Gris destacó la participación de familiares de víctimas y el deseo que este ámbito se enriquezca en los aportes y en las sugerencias. Además, de trabajar sobre las cosas que une y tener un acuerdo sobre cómo trabajar y que cada uno pueda estar aportando desde su experiencia y su vivencia.
En ese marco, el gobernador también destacó que “es oportuno como provincia dar esa señal porque la Nación no puede permitir que esto pase en su territorio. Como acción política, Santa Fe reclama en otros niveles, por eso es necesario expresarlo en este nivel político como base para fortalecer ese pedido de la Nación en su territorio”.
Asimismo, Perotti destacó el trabajo multiagencial en el esquema territorial y particularmente en las zonas más calientes, en las ciudades con los mayores indicadores. “La idea es profundizar el trabajo en el territorio con los municipios, a partir de la posibilidad de más recursos por el acuerdo firmado con Nación. El rol del municipio es importante en todas las acciones de prevención y de seguridad, por lo cual los pasos que se han dado en la constitución de las mesas y en el trabajo con los intendentes, sigue siendo parte concreta de la acción territorial a profundizar”, señaló el gobernador.
Por su parte, la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, remarcó: “Esta reunión tuvo como elemento distintivo la incorporación del Observatorio de Víctimas que surgió por decisión del gobernador Omar Perotti después de una reunión con las Asociaciones de Víctimas. Esto le dio una característica muy especial, claramente hay una decisión del gobierno de incorporar la perspectiva de las víctimas en la legislación, y esta visión es compartida por todo el espectro político, legisladoras, legisladores, Poder Judicial y eso es muy positivo”.
“Por otro lado, abordamos una agenda concreta basada en las distintas iniciativas y propuestas tanto del Poder Judicial, del MPA como de legisladores en base a los informes e intercambios que tenemos. Tenemos una agenda de trabajo, pusimos la fecha para la próxima reunión de Junta a fines de octubre y durante la próxima semana vamos a definir los temas para poder, mientras tanto, trabajar durante este mes esas cuestiones prioritarias que se definieron”, finalizó la ministra.
A su turno, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, valoró la presencia de “víctimas y familiares de víctimas”; así como la posibilidad de que “todo el arco político, todo el Ministerio Público de la Acusación, el presidente de la Corte Suprema, escucharan lo que padecen. Este es un problema que aqueja a todos los santafesinos y santafesinas, y creo que es una muestra de madurez política entablar un diálogo y estar a la altura de las circunstancias”.
En tanto, Corach destacó que “hay ánimo de avanzar con cada uno de los proyectos que están presentados”, en la Legislatura santafesina; y también “con cada uno de los legisladores nacionales, con los proyectos para la justicia Federal; y hacer las solicitudes al gobierno nacional para tener recursos y poder designar y generar nuevos juzgados federales”.
Asimismo, el ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, detalló los tres pilares de la gestión: dotar de tecnología, cámaras de seguridad, a municipios y comunas; ciberseguridad y ciberpatrullaje; y trabajar en lo social, con vecinos e instituciones intermedias.
Por otro lado, el secretario provincial de Prácticas Socio Comunitarias, Ignacio Martínez Kerz, resaltó “que por orden del gobernador Omar Perotti, se va a poner muchísima fuerza, tanto en Rosario como en Santa Fe, en los abordajes integrales que lleva adelante el Ministerio de Gobierno. Se van a profundizar estos operativos multiagenciales en los barrios que menos infraestructura tienen, acompañado de los operativos de rastrillaje que hace el Ministerio de Seguridad”.
A su vez, el secretario de Gestión Institucional y Social de la Seguridad, José Córdoba Ríos, precisó que “el abordaje es social, con dos carriles, el policial a través del jefe de Policía; y las acciones políticas y sociales, trabajando con la gente, acompañando a las víctimas”. El objetivo principal es “que el Estado esté cerca de la gente”, concluyó.
Por último, el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, coincidió con la “necesidad de poder construir un acuerdo que supere la coyuntura política, que nos permita pensar en una respuesta a mediano y largo plazo. Nuestro compromiso es seguir trabajando las iniciativas que están en la Cámara. Me parece interesante que nos vayamos de acá con la agenda de la próxima reunión y que lleguemos a la misma con un cronograma claro de trabajo”.
El temario incluyó la modernización normativa del sistema de seguridad, policial y del servicio penitenciario, y de tecnología para la gestión de la seguridad; la formación y capacitación del personal policial y del servicio penitenciario; el abordaje multiagencial y multiactoral del delito y las violencias, y focalizado de la criminalidad común, compleja y mercados; la articulación interjurisdiccional en materia de seguridad y justicia; el plan provincial de política criminal; femicidios, travesticidios y transfemicidios; protección a víctimas, testigos y denunciantes; controles en unidades penitenciarias; refuncionalización de la organización policial; patrullajes por puntos calientes; programas de desarme; prevención y actuación ante la corrupción policial; mejora del funcionamiento de las áreas criminalísticas; y consumo problemático de sustancias.
