La casa de estudios firmó un convenio con el Comité para la Prevención de la Tortura la Provincia de Chaco para recabar información sobre las condiciones de vida en las instituciones de encierro.
El Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) fue escenario la firma de un convenio entre la propia casa de altos estudios y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de la Provincia de Chaco para llevar adelante un relevamiento con metodología científica en los espacios de privación de la libertad distribuidos en el territorio de esa provincia. De esta manera, se trabajará en la primera encuesta a personas privadas de su libertad en sedes penitenciarias y policiales de Chaco, cuyas actividades técnicas llevará a cabo el equipo de investigación del Programa Delito y Sociedad de la Secretaría de Extensión y Cultura de la UNL, dirigido por Máximo Sozzo.
Entre las actividades la UNL acompañará en las tareas para el desarrollo del proyecto, diseño e implementación de esta primera encuesta, así como la capacitación de personal del Comité y de los encuestadores. El proyecto se formaliza a partir de la modalidad de servicios tecnológicos a terceros con las que trabaja la UNL. Estos están gestionados por la Secretaría de Vinculación Tecnológica e Innovación en conjunto con todas las unidades académicas.
El acuerdo fue rubricado por el rector de la UNL, Enrique Mammarella, y el presidente del Comité para la Prevención de la Tortura de la Provincia de Chaco, Kevin Nielsen. Estuvieron presentes además Lucila Reyna, secretaria de Extensión y Cultura; Javier Lottersberger, secretario de Vinculación Tecnológica e Innovación; Máximo Sozzo, director del Programa Delito y Sociedad de la UNL e integrantes del equipo de trabajo.
“Vamos a trabajar en un estudio inédito en Argentina que consiste en hacer una encuesta a personas privadas de la libertad en sedes penitenciarias y en sedes policiales de la provincia de Chaco para indagar los problemas fundamentales de la vida del encierro”, explicó Sozzo. Además, señaló que “como cualquier otra jurisdicción del país, las personas privadas de la libertad están distribuidas territorialmente, en distintas sedes institucionales, entonces vamos a trabajar en las sedes policiales en las cuales existe mayor volumen de detenidos”.
Por su parte, Nielsen manifestó que desde el Comité se trabaja y se realizan “inspecciones en estos espacios de detención, con y sin previo aviso, para poder producir recomendaciones en términos de políticas públicas”. “Si bien tenemos un trabajo elaborado en términos de las problemáticas de las personas privadas de la libertad, para nosotros es un honor firmar este convenio con la UNL porque nos va a dar un salto de calidad en el sentido de agregar una metodología científica a esta indagación y poder producir datos estadísticos que ayuden a la toma de decisiones a los actores ejecutivos, legislativos y judiciales”, destacó.
Se aspira a lograr entrevistar una muestra representativa de las personas privadas de su libertad en sedes policiales y sedes penitenciarias. Para ello se trabajará en los sitios de privación de la libertad de la Zona Metropolitana y de Roque Sáenz Peña de esa provincia. Se prevé que el informe final esté para inicios del 2023.
Este proyecto pretende llevar adelante una encuesta a las personas privadas de su libertad en la Provincia de Chaco, tanto en sedes penitenciarias como en sedes policiales, a los fines de recabar información válida y confiable sobre las experiencias y trayectorias en dichos contextos de encierro, tanto en lo que se refiere al ejercicio de derechos, identificando situaciones de limitación y sus condiciones, así como con respecto a las dinámicas y la calidad de la vida cotidiana en ambos tipos de escenarios. Se trata de una iniciativa que cuenta con muy pocos precedentes en Argentina. Durante 2000 y 2010 se realizaron algunas pocas iniciativas en esta dirección con respecto a ciertos grupos de personas privadas de su libertad en las prisiones federales (jóvenes y mujeres), fundamentalmente promovidas por la Procuración Penitenciaria Federal y la Defensoría General de la Nación, junto con algunos grupos de investigación del mundo académico y organizaciones de la sociedad civil.
En 2009, el Programa Delito y Sociedad diseñó y llevó adelante una encuesta a una muestra representativa de la totalidad de la población privada de su libertad en la Provincia de Santa Fe que resulta el único precedente de este tipo que posee este alcance amplio. Ese estudio, así como la metodología del actual, el caso del trabajo presentado fue cuantitativo y de carácter anónimo y confidencial, por respeto a las personas privadas de su libertad. La muestra se construyó a partir de tres criterios: la unidad penitenciaria, el sexo y la condición jurídica.
Además se dividió en 11 temas principales, como quiénes están presos, experiencias del encierro, salud, educación, entre otros. Entre los resultados, aquel informe arrojó que más del 50% de las personas presas en la provincia de Santa Fe son condenadas y el resto procesadas. Ante estos precedentes, este trabajo pondrá el énfasis en el rescate de las visiones y opiniones de los actores locales -especialmente los miembros del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, pero también otro tipo de actores significativos- , tratando de dar cuenta de las peculiaridades locales de cada uno de estas instituciones de detención, evitando el trasplante acrítico de dimensiones y variables. Para más datos: [email protected]
