El procurador de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe explicó su dictamen, no vinculante, en relación con que los fueros de opinión y de arresto están resguardados.
Durante la semana se hizo público la declaración de admisibilidad, por parte del procurador Jorge Barraguirre, para que el senador Armando Traferri sea llamado por la justicia en la causa que lo involucra por el juego clandestino en el sur provincial. Según explicó el funcionario judicial, lo importante –en términos jurídicos– es “tratar de reconstruir los bloques argumentales que tiene que tener el decisor para poder obtener una decisión razonable”.
En diálogo con Ciudadanos (que se emite este domingo, a las 20, por Somos Santa Fe, Somos Rafaela y Somos Rosario), dio cuenta del devenir constitucional, a lo largo de la historia de la provincia, de los juicios que involucran a legisladores protegidos por sus fueros. “La idea del juicio público presupone el agotamiento de las medidas de instrucción. Para poder llegar al juicio había que tener agotada, lo que hoy denominamos, la investigación penal preparatoria. Esta tradición constitucional se rompe en 1962. Esa generación interpreta que la inmunidad de proceso juega a partir del auto de procesamiento, lo cual le daba un amplio espacio procesal a los viejos jueces de instrucción de la provincia de investigar a todos aquellos que tenemos algún fuero funcional”, argumentó.
En rigor, sobre Traferri “está en juego el fuero de proceso” porque el fuero de opinión y el de arresto están resguardados. “Es inconcebible que un parlamentario pueda tener una sanción por sus opiniones en el Parlamento”, aclaró, tanto como que “no se lo puede arrestar porque es cancelar su función de parlamentario”. “El problema que tenemos hoy es que, con la constitucionalización del proceso penal y como no existe más el auto de procesamiento, lo que antes estaba claro, ahora se ha corrido”, ilustró Barraguirre.
Sobre la investigación que llevan adelante los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, el procurador indicó que, en esta etapa, debe resolver la Corte Suprema de Justicia. En tanto, el dictamen del propio Barraguirre no es vinculante. “Una vez que los ministros de la Corte se expidan se va a conocer qué es lo que va a pasar. No hay un obstáculo legal para que los fiscales lleven adelante la audiencia imputativa”, sostuvo y dio cuenta de un segunda fundamentación.
“Aun en la etapa de mayor desintegración estatal que fue la Confederación Argentina, entre 1831 y 1853, las provincias no conservaron las relaciones internacionales y los tratados internacionales. Entonces, no se le puede reprochar al Dr. Mascali (juez Penal de Cámara, José Luis Mascali) que haya arrasado con el federalismo. Hay un tratado internacional, incorporado por el Congreso de la Nación porque la República Argentina, frente a Naciones Unidas, se comprometió a combatir la corrupción”, esgrimió Barraguirre.
El procurador de la Corte declara admisible citar a Traferri
