Así lo dijo el abogado defensor del empresario que hoy es «arrepentido» y brindó detalles de las conductas ilegales de los fiscales. «Que no hable de mí ni de mi jefe, que cuando podamos lo vamos a ayudar», le habría dicho uno de los funcionarios al abogado.
Luis Rossini, abogado del empresario Leonardo Peiti, imputado por asociación ilícita y tentativa de extorsión, y «la pieza clave» en la caída del fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, habló en exclusiva con el programa televisivo Apto para Todo Público y brindó detalles de altísima calidad periodística, sobre las declaraciones de su cliente.
Consultado acerca de la situación que se desató con la incriminación del propio Serjal y su mano derecha, el fiscal Gustavo Alcides Ponce Asahad, el abogado reflexionó: «esta es la punta del iceberg, no creo que lo veamos entero, pero si yo pensara que el sistema no funciona, sería muy difícil ejercer esta profesión».
Agregó que «si Serjal no renunciaba, seguro había políticos que no iban a dar los votos para sacarlo, o sea, hubiera seguido en el cargo».
Rossini indicó que la situación «es un verdadero escándalo de una magnitud impensada, quienes ejercemos el derecho penal, como en mi caso, hace 35 años, sabemos que en la provincia nunca se vivió un colapso institucional judicial como este».
Adujo que el empresario Leonardo Peiti «no está seguro de haber sido extorsionado por la banda de Los Monos, sí está seguro de haber sufrido extorsiones», y recordó que «el viernes pasado se logró la libertad en una audiencia imputativa muy larga».
Dejó en claro que «mi cliente nunca estuvo prófugo, dos días antes de que pidan su detención estuvo tuvo un accidente en Buenos Aires y estaba esperando que se lo arreglen, y además por una cuestión estratégica de la defensa, como somos oriundos de la ciudad de Cañada de Gómez, cerca de la ciudad de Rosario, decidimos que se entregue allí y no en Rosario. En esa audiencia, mi cliente fue imputado y se está defendiendo, pero declaró en el uso de la palabra que se iba a acoger a la denominada ley del arrepentido que es un instituto jurídico que está en la legislación argentina y que cuando los abogados estimamos que nos conviene les sugerimos a nuestros clientes y la decisión es de ellos».
Comentó que «La declaración sorprendió en la audiencia, la jueza iba a permitir hablar, pero dije que primero los fiscales debían aceptarlo como testigo arrepentido, ellos nos dijeron que debían analizar qué declaraba, me negué y pedí que lo aceptaran como arrepentido».
Rossini especificó que «si llegara a mentir, las penas son muy altas, por lo cual la persona que declara debe ser cuidadosa de que los detalles que brinda sean ciertos y verídicos, sino será acusado de otro delito».
El abogado relató que «Peiti se reunió una treintena de veces con el fiscal Gustavo Alcides Ponce Asahad, primero le pidió plata para frenar un allanamiento que impulsaba Matías Merlo, de Melincué, la cifra que le pidieron era U$S 20.000, lo que no podía pagar todo junto, y acordaron que sería en cuotas de U$S 4.000, y luego vinieron otras extorsiones, a mi cliente le balearon la entrada de un edificio, y como el fiscal que venía decía que lo hacía de parte de Serjal, él pidió conocerlo, porque le decían a mi cliente que le brindaban protección, pero no era así».
Continuó con: «Finalmente, en un bar se produjo la reunión entre Serjal, Ponce Asahad y mi cliente, pautan en qué consistía la protección que le iban a dar y la información, pero luego como no estaban conforme con la cuota, le dijeron a mi cliente que viaje a Buenos Aires y en un determinado hotel se iban a encontrar, porque allí estaba alojado Serjal. Mi cliente se alojó también en el hotel, por lo tanto le dimos todos esos datos a los fiscales, como mi cliente descarga todos los gastos en la empresa, tenía la factura, día y hora».
También detalló que «hasta el día que mi cliente se enteró que lo iban a detener me pidió que lo llame a Ponce Asahad, como yo no lo conocía debí pedirle el teléfono, y nos encontramos en Rosario, le pregunté si sabía qué le estaba pasando a mi cliente, que no estaba para pedirle nada, sino para escuchar si tenía algo que decirle, entonces me dijo ‘que no hable de mi ni de mi jefe, que cuando podamos lo vamos a ayudar'».
A modo de conclusión, Rossini dijo: «Pensé que Serjal no iba a renunciar, porque él ya tenía la causa por la cual se investigaba la compra de un auto en una concesionaria, y si resistió aquella, pensé que su camino iba a ser igual, pero estaba acorralado, la evidencia era terrible».
Sobre su cliente, el abogado indicó que «no tiene actividad ilícita alguna, de Los Monos no habló porque no los conoce, imagínese que como arrepentido, con lo que le estaba entregando al Ministerio Público de la Acusación, era imposible que no lo aceptaran, era la clave para sacar la manzana podrida, podría haber pedido que le cierren la causa, le propuse eso y hasta me enojé con él porque no aceptó, me dijo que por el juego ilegal, asociación ilícita, y exacciones ilegales voy a ir a juicio, me voy a defender y con una buena defensa saldré sobreseído».
Consultado acerca de porqué el empresario pagaba lo que requerían los fiscales, el abogado indicó que dada la cantidad y el calibre de actividades empresariales que tiene «si me veía con un allanamiento, es probable que algunas de ellas fueran revocadas, y además siguió pagando porque los fiscales eran capaz de armarle cualquier cosa».
