Un fiscal archivó la causa de un empresario al que luego le compró dos autos. La situación despertó al menos sospechas. Los detalles.
El jefe de fiscales de Rosario Patricio Serjal está bajo la lupa por un hecho al menos inusual y que “implicaría” una “violación a la responsabilidad ética y a la transparencia”.
Así lo entiende el fiscal general Jorge Baclini, quien alertó a la la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa provincial que deberá evaluar la conducta del funcionario rosarino.
Al parecer Serjal compró dos autos en la concesionaria de un empresario inmediatamente después de confirmarle a éste con su firma el archivo de una causa que lo tenía como acusado.
Esa decisión fue en junio último y la adquisición, en julio, según publica el sitio web www.rosario3.com.ar.
Como la investigación se reabrió, Serjal hizo una presentación en la que explicó la situación en detalle, justificó la compra de los vehículos (ofreció documentación) y solicitó él mismo el apartamiento, medida que su superior le concedió pero que resolvió dejar a consideración de los legisladores, para que evalúen el incidente.
Tanto la resolución de Baclini como el descargo de Serjal fueron publicados en el sitio oficial del Ministerio Público de la Acusación.
La única legisladora que presentó una denuncia contra Serjal es Alicia Gutiérrez y planteó la suspensión en sus funciones (apartarlo y pago del 50% de su sueldo). Esto podría resolverlo la comisión de acuerdos, sin mayores trámites.
En el caso de que se decidiera comenzar una investigación contra Serjal, un legislador debe constituirse como acusador. Luego se deberá constituir un recinto con los dos tercios de las Cámaras de Senadores y Diputados.
La causa
Una denuncia penal por delitos económicos iniciada por Omar Santero (Carrocera Sudamericana) contra Rómulo González, actual titular de Auto Rosario, tuvo para éste último una resolución favorable con la firma de los fiscales de grado David Carizza y Natalia Benvenutto y fue después confirmada por Serjal.
No obstante, con posterioridad, Serjal adquirió dos autos cero kilómetro en la citada concesionaria: un Toyota Corolla y un Toyota Etios, ambos versión full. Como los abogados patrocinantes Gustavo Peirone y Walter Stramazzo apelaron, el trámite se reabrió por orden de Baclini.
Ante eso, y la posibilidad de tener que resolver nuevamente, el propio Serjal pidió voluntariamente ser apartado, ofreció comprobantes sobre los gastos y el origen de los fondos y aseguró que la causa “fue resuelta con criterio jurídico, mediante la evaluación de evidencias y el estudio de las mismas”.
Análisis y resolución del superior
Baclini, por su parte, enunció que “la norma rectora del Ministerio Público de la Acusación indica que los fiscales deben observar una conducta pública y privada que no afecte la confianza en la función que cumple”.
En ese sentido, consideró que “mediante un simple análisis se puede advertir que la fecha aproximada de fines de junio que el Fiscal Regional señala como inicio de su gestión con Auto Rosario SA tendiente a la adquisición de un Etios y un Corolla (que según sus dichos finalmente se concretó en julio) es coincidente con la fecha de la resolución de la Fiscalía Regional a su cargo (18/06/2019) en una causa en la cual aquella firma se encontraba directamente interesada con su titular imputado”.
“Objetivamente esa circunstancia por sí misma resulta contraria a los principios de actuación que rigen el ejercicio de funciones de este MPA, principalmente el de transparencia”, citó Baclini.
También recuerda específicamente la “prohibición de solicitar o aceptar cualquier tipo de beneficio de parte de personas con las cuales se relacione en razón del desempeño de sus funciones”, y citó más fragmentos del Código de Ética del Poder Judicial de Santa Fe.
Entre ellos, ponderó el que indica que “todo funcionario judicial debe evitar celosamente que factores personales externos interfieran en su convicción, quedándole prohibido recibir cualquier tipo de beneficios ya sea antes, durante o después de finalizado el proceso donde actúen”.
Baclini entendió así “razonable” que esta posibilidad sea descartada a través de una investigación “mediante los procesos correspondientes”, para “salvaguardar la integridad de la institución y de las personas involucradas”.
“Se trata no solamente de resguardar la objetividad y eficacia, sino también de asegurar, en la medida de lo posible, que terceros puedan confiar en que ambos extremos estén salvados”, escribió.
“Es por eso que el apartamiento que se dispone no sólo refiere específicamente al legajo en cuestión sino también a toda otra actuación fiscal por la cual se procure dilucidar cualquier aspecto vinculado al objeto de la presente”.
