La normativa se tratará el próximo mes en extraordinarias. «La legislación vigente demostró tener falencias importantes «, indicó el secretario de Asuntos Políticos de la Nación, Adrián Pérez quien coordinará los comicios nacionales.
El oficialismo presentó un proyecto de ley que modificará la normativa sobre financiamiento político. Será tratado el mes próximo en sesiones extraordinarias del Congreso. El secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, sostuvo que «la legislación vigente demostró tener falencias importantes». El objetivo es que «garantizar que nadie pueda cooptar una campaña».
Según explicó Pérez a Télam, la nueva ley limitará el aporte que las empresas puedan hacer a los partidos políticos en campaña. “Podrán aportar como máximo un 2% sobre el total de lo que les está permitido recibir a los partidos”, precisó.
«Con eso se evita cualquier tipo de condicionamiento que pueda haber por parte de las empresas a los partidos políticos», aseguró el funcionario dependiente del Ministerio del Interior y quien tiene a su cargo todo el proceso electoral de este año en el plano nacional.
Pérez fundamentó que con la nueva ley «se garantiza que nadie pueda cooptar una campaña o que algunas empresas van a poder sostener el financiamiento de la campaña, es decir va estar atomizado».
En ese sentido, amplió que «la principal falencia que tiene la ley actual es que permite el aporte de dinero en efectivo» y sostuvo que «el 50 % de las campañas se financian en efectivo».
«Esto ha impedido –puntualizó– conocer en forma fehaciente quiénes son los aportantes, por eso el principal punto del proyecto es la bancarización absoluta de los aportes y gastos, para identificar fehacientemente a quiénes están haciendo el aporte».
De esa forma se podrá «tener una trazabilidad sobre el dinero que se aporta en las campañas electorales» y saber de dónde provienen las donaciones y los aportes.
Pérez recordó que «las empresas hoy pueden aportar a la vida institucional, pero no a la campaña y nosotros planteamos que, a pesar de esa prohibición, durante los últimos años las empresas siguieron aportando y lo que creció es el financiamiento en negro, no registrado».
Explicó que «el sistema de aportes» que prevé la ley de financiamiento político es mixto: habrá aportes privados y públicos «garantizando a los partidos los espacios audiovisuales, los recursos para la campaña y la impresión de boletas».
También se busca establecer más controles sobre el financiamiento político y para ello se plantea «poner más auditores contadores para hacer auditorías sobre el funcionamiento de las campañas y la posibilidad de cruzar datos con la Justicia, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos)».
