La ley 27.738 fue promulgada por el Poder Ejecutivo nacional. Contempla políticas públicas sobre la base de 10 desafíos centrales. Entre ellos, la erradicación de la pobreza y la cuidado del ambiente.
El Poder Ejecutivo promulgó la ley 27.738 que aprueba el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, que plantea líneas estratégicas para un modelo de desarrollo que deberá seguir el país y allana el camino para que el conocimiento pueda convertirse en una política de Estado, con independencia de los intereses de los gobiernos de turno. Además, proyecta políticas que priorizan 10 desafíos nacionales, entre ellos erradicar la pobreza, reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental, a partir de distintas agendas que se trabajarán en conjunto con todas las jurisdicciones.
La promulgación fue realizada a través del decreto 541/2023, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus.
«Desde hoy, y por primera vez en la historia, Argentina cuenta con una Ley votada por consenso en ambas cámaras que define las prioridades de la Ciencia y Tecnología para la próxima década. Es una poderosa herramienta para el desarrollo nacional, el bienestar del pueblo y nuestra soberanía», afirmó el propio Filmus.
La norma, enviada por el Poder Ejecutivo e impulsada por el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, proyecta un crecimiento de la inversión en esa área hasta llegar al 1,7 del PBI en los próximos siete años. La clave para que esto se concrete fue establecer una planificación progresiva de la inversión en ciencia y tecnología, que proyecta una inversión del 0,85% del PBI en 2025 (en 2020 fue del 0,52) y del 1,70% en 2030.
La ley que aprueba el Plan había sido aprobada en el Senado en octubre de 2022 y fue sancionada por la Cámara de Diputados en la sesión iniciada el 10 de octubre de 2023, que se extendió hasta la madrugada del día siguiente. En un principio la oposición se negaba a discutirlo en la Cámara Baja, con el argumento de que el oficialismo “politizaba la ciencia” y que solo se trataba de una “discusión partidaria”.
Precisamente, lo que se busca con esta ley es que el estímulo a la ciencia y a la tecnología no dependa de los humores políticos de turno. Así, plantea cuáles son las líneas estratégicas que debería fortalecer el país a mediano plazo, con el objetivo de que Argentina pueda marchar rumbo a un modelo de desarrollo distinto. Un esquema que enfatice el conocimiento como impulsor del valor agregado para dejar el histórico rol de agroexportador que tomó la Nación desde principios del siglo XX.
El Plan 2030 tiene el objetivo de promover las agendas de investigación, desarrollo e innovación a tono con las políticas nacionales y busca dar respuesta a las demandas de conocimiento que emerjan en todo el país. Así es que se destaca el tono federal de la iniciativa.
A través del programa se expresan «10 desafíos nacionales» con foco en temas estratégicos que requieren de conocimiento científico y tecnológico. Los objetivos del plan son «erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y vulnerabilidad socioambiental; impulsar la bioeconomía y la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria».
Además, la iniciativa busca «contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos; construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional; promover la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la transformación digital; potenciar la transición al desarrollo sostenible; y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética».
Asimismo, el proyecto propone «lograr una salud accesible, equitativa y de calidad; desarrollar los sectores espacial, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa; fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del Mar Argentino».
El Plan 2030 presenta Agendas Territoriales Integradoras de Ciencia, Tecnología e Innovación (ATI-CTI) para cada una de las 24 jurisdicciones, que expresan las prioridades y estrategias de intervención.
Tras ser aprobado por una abrumadora mayoría en el Senado, en Diputados pareció trabarse en medio de las campañas electorales. De todas maneras, el proyecto legislativo obtuvo un dictamen favorable y la sanción en la Cámara Baja, no sólo con el apoyo de los referentes del oficialismo, sino que también de algunos legisladores de la oposición.
