Todo se originó a partir de la denuncia de un locatario para recuperar sus electrodomésticos, en un departamento de la zona portuaria. Interviene el fiscal federal Walter Rodríguez.
Este martes por la tarde, y por orden del fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Arturo Haidar, pesquisas de la Región I de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ejecutaron un allanamiento en un departamento de la zona portuaria santafesina, más precisamente en la torre Amarra Center II, con la finalidad de recuperar electrodomésticos de un inquilino.
Los efectivos policiales llamaron a la puerta con la sola finalidad de exhibir el oficio que mandaba el allanamiento, el actual locatario abrió la puerta y permitió el ingreso de los policías, pero éstos se vieron totalmente sorprendidos cuando hallaron en una mesa millones de pesos en efectivo exhibidos a simple vista.
El hallazgo motivó preguntas que no tuvieron las repuestas deseables y antes la insospechada derivación, ya que podría tratarse de una presunta maniobra de lavados de activos, y de no poder justificar tamaña cantidad de dinero, lo informaron a la Jefatura de la AIC. Éstos, a su vez, hicieron lo propio con la justicia federal con sede en la ciudad de Santa Fe.
La naturaleza de los hechos hizo que el fiscal federal Walter Rodríguez se hiciera presente junto con otros funcionarios de la justicia federal y con oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina que llegaron al departamento en cuestión, dialogaron con la persona que actualmente lo habita y, posteriormente –con presencia judicial–, los gendarmes realizaron una profunda requisa en todos los ambientes que componen el inmueble, donde secuestraron más de 46 millones de pesos, 85.000 dólares, 21.000 euros y 23.000 reales, todos en efectivo, además de una gran cantidad de cheques por valores millonarios. También fueron secuestrados documentos comerciales.
Conforme a una primera evaluación sobre la actividad desarrollada, la persona aprehendida preventivamente y con la investigación en curso, era usuario de una carpeta de depósitos a una entidad crediticia local que figuraba a nombre de terceros, o bien esas terceras personas son prestanombres o testaferros, y por tal motivo, una de las presunciones que están siendo investigadas son por el delito de defraudación.
