El joven de 20 años fue hallado sin vida en el río Paraná en octubre de 2014, luego de que se lo viera por última vez en la comisaría 7º de Rosario, donde estuvo detenido.
La Justicia Federal absolvió a los 19 policías acusados de la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco y ordenó su inmediata libertad. El joven de 20 años fue hallado sin vida en el río Paraná en octubre de 2014, luego de que se lo viera por última vez en la comisaría 7º de Rosario, donde estuvo detenido.
La sentencia es del Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por los jueces Ricardo Vázquez, Eugenio Martínez y Otmar Paulucci, quien votó en disidencia parcial.
Las personas absueltas son las siguientes:
-El comisario Diego José Álvarez, los agentes Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco y la agente Cecilia Rut Elisabet Contino. Estaban acusados de los delitos de desaparición forzada de persona agravada por la muerte de la víctima e imposición a una persona privada de su libertad de torturas seguidas de muerte.
-Enrique Nicolás Gianola Rocha, el jefe de sumarios César Daniel Acosta y los agentes Cintia Débora Greiner, Marcelo Alberto Guerrero, Guillermo Hernán Gysel, Rocío Guadalupe Hernández, Esteban Daniel Silva, Romina Anahí Díaz, Ramón José Juárez y Franco Luciano Zorzoli. Estaban acusados de ser coautores del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima.
-Belkis Elisabet González y Rodolfo Jesús Murúa. Estaban acusados de ser partícipes secundarios penalmente responsables del delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima.
-Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar, integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Internos. Estaban acusados como “coautores del delito de encubrimiento doblemente agravado”, también fueron absueltos.
-Alberto Daniel Crespo. Estaba acusado como autor del delito de falso testimonio.
En su voto de disidencia, el camarista Otmar Paolucci votó por condenar a prisión perpetua a Diego Álvarez, Franco Zórzoli y Anahí Díaz como autores de los delitos que se les endilgaba, y a seis años de prisión a Walter Benítez, César Acosta, Enrique Gianola Rocha, Cintia Greiner, Marcelo Guerrero, Guillermo Gysel, Juan Ramón Juárez, Rocío Hernández y Esteban Silva como coautores de encubrimiento de un homicidio agravado.
Los fundamentos del fallo se conocerán el 25 de septiembre.
A mediados de octubre de 2014, una familia oriunda de Florencio Varela, conurbano bonaerense, llegó a Rosario para buscar Franco Casco. El joven, que entonces tenía 20 años, se había trasladado a la ciudad santafesina para visitar a unos parientes en el barrio Empalme Graneros. Unos días después avisó a sus padres que quería regresar a Buenos Aires. Allí llegaría al amanecer siguiente en un tren que partiría desde la estación Rosario Norte. Sin embargo, nunca retornó y, después de días de búsqueda con la única certeza de que había estado detenido en una comisaría, su cadáver apareció el 30 de octubre de aquel año en las aguas del río Paraná.
Pasaron nueves años en los que una investigación que comenzó en el fuero provincial como búsqueda de paradero de una persona terminó en los Tribunales Federales con una hipótesis acusatoria que posicionó a 19 uniformados de la provincia como responsables, en distintos grados, de la desaparición y muerte de Casco. En ese marco primero fueron 31 los policías procesados, medida que se tomó teniendo en cuanta el total de personas que trabajaron en la comisaría 7° y otros que participaron en la pesquisa. Con el paso del tiempo, 12 agentes fueron sobreseídos y otros 19 llegaron en diciembre de 2021 a un juicio oral acompañado por un fuerte debate público.
La reconstrucción de lo que ocurrió con Franco Casco estuvo atravesada por dos hipótesis diametralmente opuestas. Por un lado, la Fiscalía Federal y las querellas que representan a familiares de Casco sostienen que el joven fue detenido el 6 de octubre y alojado en un cuarto de la comisaría 7°, de Cafferata al 300, conocido como «la jaulita». Allí, según esta teoría, el muchacho fue sometido a torturas, lo cual derivó en su muerte y el posterior arrojo del cuerpo sin vida al río Paraná. En ese marco, la familia de Casco fue acompañada por organismos de derechos humanos, la mayoría de ellas nucleados en la Multisectorial Contra la Violencia Institucional.
La versión inicial de los hechos, que fue la que los policías de la propia comisaría sostuvieron a partir de actas policiales y posteriores declaraciones, es la que asegura que Casco no fue detenido el 6 de octubre, sino el 7, luego del llamado de un vecino que alertó por una persona sospechosa en la zona de la seccional. Según esta versión, Casco fue liberado esa misma noche y, por lo tanto, los policías se desligan de la muerte, conocida el 30 de octubre de aquel año cuando salió a flote el cadáver del muchacho. Desde 2017, cuando los policías quedaron detenidos luego de ser indagados, sus familiares formaron la asociación civil «Inocente Colectivo» desde la cual siempre sostuvieron la inocencia de los acusados.
El juicio por la muerte de Franco Casco llegó este martes a su fin tras 70 audiencias en las que se desarrolló el debate iniciado en diciembre de 2021.
