María de los Ángeles «Marita» Verón cayó en manos de una red de trata de personas con fines de explotación sexual en Tucumán. La fundación que lleva su nombre impulsa una campaña en redes sociales para visibilizar su búsqueda y la lucha contra el delito.
«Los 21 años sin Marita son sinónimo de lucha incansable, persistente, tenaz e incesante, y nos enseña que el amor de su madre, Susana Trimarco, no tiene límites de tiempo, de espacio de ningún tipo», dijo a Télam Betina Laguna Mendoza, abogada de la Fundación María de los Ángeles.
En esta oportunidad la Fundación, que preside Trimarco, invitó a la sociedad a participar de una campaña en redes sociales a través de la cual se busca visibilizar que la búsqueda de Marita continúa, así como también, la lucha contra de la trata de personas.
Para concretar esta propuesta sugirieron compartir una placa elaborada por la institución que tiene inscripta la consigna #21AñosSinMarita y arrobar sus cuentas de Twitter: @fundacionmdla, en Instagram: @fundacionmariadelosangelesorg y en Facebook: Fundación María de los Ángeles.
Marita Verón tenía 22 años cuando fue raptada desde un automóvil el 3 de abril de 2002 en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Desde ese día la joven, que es madre de una niña que en ese momento tenía dos años, desapareció.
Las investigaciones que encaró sola Trimarco permitieron a la Justicia arribar a la conclusión de que Marita había sido captada por una red de trata de personas que operaba en La Rioja para ser explotada sexualmente.
Gracias a su accionar, el caso de Marita llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), convirtiéndose en una causa internacional, y la madre de la joven desaparecida obtuvo reconocimientos mundiales.
Trimarco, quien continúa buscando incansablemente a su hija, transformó el dolor en una tarea que permitió rescatar a miles de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en el país y en el mundo.
El 19 de octubre de 2007, Trimarco creó la Fundación María de los Ángeles la cual brinda asistencia integral a las víctimas, que consiste en acompañamiento legal, psicológico y social, y recibe denuncias y ofrece contención y asesoramiento a familiares. Actualmente, la Fundación María de los Ángeles tiene dos sedes, una en Tucumán y otra en Buenos Aires.
La sede de Tucumán funciona como un centro integral que cuenta con un Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), una sede del Instituto Nacional Contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (Inadi), una delegación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Unidad Capital de Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Tucumán y la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar).
Por otra parte, la Fundación cuenta con una Casa Hogar que dispone de 26 camas, baños, living comedor y todas las instalaciones necesarias para que las mujeres puedan alojarse junto a sus hijas e hijos cuando se encuentran en situación de riesgo.
Para su resguardo obtienen una orden judicial, que incluye una custodia femenina, una terapeuta, más todo lo que se necesite.
Además del acompañamiento integral, se dictan talleres para que las mujeres puedan aprender un oficio, conozcan sus derechos y puedan defenderse y ayudarlas a que busquen un trabajo genuino donde las respeten y las valoren como trabajadoras.
En abril de 2013, se inauguró un Centro Maternal con calidad educativa que brinda un servicio gratuito para los hijos e hijas, desde los 45 días a 4 años, de víctimas en situación de trata, de violencia de género o madres que se hacen cargo solas de las crianzas, para que puedan estudiar o trabajar.
Con respecto al trabajo de la Fundación, la abogada sostuvo que «continúa diariamente dentro de nuestras posibilidades, ya que la Fundación no escapa a la realidad del país, pero le ponemos el cuerpo y el corazón y el compromiso con las personas que asistimos».
«Muchas veces se hace difícil por la falta de respuestas inmediatas que requieren las urgencias. Sin embargo, no bajamos los brazos y tratamos de dar soluciones y garantizar justamente que nuestras asistidas puedan acceder a sus derechos», concluyó.
En 2012 el juez de instrucción Víctor Manuel Pérez elevó la causa a juicio contra 13 acusados por el secuestro de la joven Marita Verón: los hermanos vinculados al clan «Ale», María Jesús y Víctor Rivero; la dueña de prostíbulos riojanos Irma Lidia Medina; los hermanos José Fernando y Gonzalo José Gómez; Daniela Natalia Milhein, Andrés González, Carlos Alberto Luna, Domingo Pascual Andrada, María Azucena Márquez; Humberto Derobertis, Mariana Bustos y Cynthia Gaitán.
Durante todo ese año se desarrolló el juicio oral, que culminó en diciembre con la absolución de todos los imputados.
A finales de 2013, la Corte Suprema de Tucumán revocó en forma parcial ese fallo y ordenó que una nueva sala fije la pena a 10 de los 13 acusados, ya que confirmó la inocencia de los hermanos Rivero, y Medina había fallecido para esa fecha.
El tribunal consideró coautores del delito de retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución de Marita Verón a los hermanos Gómez, que fueron condenados a 22 años de prisión, y a Milhein y González a 18 años. A su vez, condenó como partícipes necesarios a Luna y Andrada (17 años); Márquez (15 años); Derobertis (12), Bustos y Gaitán (10 años).
La sentencia no quedó firme, por lo que a fines de abril de 2017, la Sala II de la Cámara Penal ordenó la detención de los condenados, quienes recién entonces comenzaron a cumplir con la pena.
A los pocos meses, los hermanos Rubén «La Chancha» Ale y Ángel «Mono» Ale, a quienes Trimarco siempre vinculó con la desaparición de su hija, fueron detenidos junto a otras cuatro personas en una causa por lavado de activos que investigaba el juez federal Fernando Poviña, impulsada por la Unidad de Investigación Financiera a partir de las denuncias realizadas por Trimarco.
En abril de 2018 los hermanos Ale fueron condenados a 10 años de prisión por ser considerados los jefes de una asociación ilícita, dedicada al delito de lavado de activos, mientras María Jesús Rivero recibió una pena de seis años.
