La víctima tiene 17 años. Entre el sábado 26 y el domingo 27 de noviembre fue privada de su libertad en un departamento del populoso barrio. La obligaron a tener sexo con un hombre bajo amenaza de matar a su hermano. Luego intentaron venderla. Una consulta médica puso al descubierto el horror. Investiga la justicia federal.
Héctor Martín Galiano – Zona Crítica
El sábado 26 de noviembre pasado, luego de la victoria de la selección ante México por el mundial de fútbol, Roxana L. y Emiliano Z. fueron a buscar a la adolescente A.A.L a la casa de su abuela, a la que frecuentaba sin rutina. La chica, víctima del flagelo de las adicciones no tenía un lugar estable donde posar su humanidad de manera permanente. Roxana L. llegó al lugar donde estaba su hija, A.A.L, en compañía de su pareja. En la vivienda además estaba el padre biológico de la chica. La madre le señaló a la hija que vuelva con ella, a la casa que compartían en el Monoblock 6 del barrio Las Flores. Le indicó que la estaban buscando unos narcos por una deuda de drogas y que tenía que irse con ella para iniciar un tratamiento. El padre biológico de A.A.L se negó, pero se resignó luego de la insistencia de la madre y un altercado que casi termina a las piñas con la pareja de Roxana L.
Así, los tres, Emiliano Z., Roxana L. y la chica volvieron a la casa de Las Flores en donde, además habitan, la madre de Emiliano Z –dueña de la vivienda– la hermana con su pareja y cuatro niños. Allí esperaba Darío José M., quien tendría un rol clave en la historia.
Una vez en el departamento, los tres protagonistas –e imputados– de esta causa cerraron con llaves todas las puertas y obligaron a la chica a hacer cosas contra de su voluntad, restringiendo su locomoción. Mientras la amenazaban con que iban a matar a su hermano la obligaron a tener sexo con Darío José M., quien finalmente no obtuvo el propósito deseado.
En ese contexto arriba al lugar, luego del partido de fútbol, Nahuel M., novio de A.A.L, quien advierte que la situación es por demás de rara. No pasó mucho tiempo hasta que ambos chicos son encerrados bajo llave en una pieza del departamento.
–¿Qué es lo que está pasando acá?, interrogó Nahuel
–Mi mamá me vendió (a Darío José M.) y me quieren llevar a una casa.
Los jóvenes logaron huir del departamento por un balcón que daba a uno de los pasillos del Monoblock. Nahuel, preocupado por la seguridad de su novia intenta brindarle toda la atención posible, alternando su trabajo de changas en la construcción. A.A.L volvió a la casa de su abuela algunos días después.
Todo queda al descubierto
En los primeros días de diciembre la chica de 17 años asistió a un hospital público por una infección. Luego de medicarla y notar su recuperación la entrevistan para darle el alta, una práctica de rutina. Allí advierten los profesionales médicos que la joven tenía serios problemas en el uso de sustancias y dan intervención al área de psicología del nosocomio. En esa segunda entrevista A.A.L refiere “que la madre la vendió” y que su situación era muy vulnerable. Inmediatamente se informa sobre el caso al área de Trata de Personas de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Región I.
Los policías locales dieron conocimiento a la Fiscalía Federal Nº 2 (en turno), a cargo de Walter Rodríguez, quien ordenó medidas tendientes a corroborar los dichos de la joven. El trabajo de los pesquisas dirigidos por el fiscal fue cerrando la historia, sobre todo con la declaración en Cámara Gessel de la chica y la declaración de su novio, también víctima de los tres imputados.
Para los investigadores, quien tuvo el real dominio de la escena fue Darío José M., quien puedo haber reclamado a la chica para su posterior explotación a cambio de condonar una deuda de dinero de Roxana L. y Emiliano Z. Aunque eso sea materia de investigación, lo concreto es que los tres fueron indagados el 29 de diciembre pasado por el delito previsto en el artículo 142 bis del Código Penal que señala que “se impondrá prisión o reclusión de cinco a quince años, al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima, o a un tercero, a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a ocho (8) años”, ello además agravado por ser la víctima (la joven) menor de edad y por la participación de tres personas. Los mismos imputados fueron acusados también de haber privado de la libertad a Nahuel, el novio de la adolescente, según está previsto en el artículo 141 del Código Penal.
Aurelio Antonio Cuello Murúa, juez federal subrogante, deberá definir en estos días la situación procesal de los tres acusados.
A.A.L está bajo la tutela del Programa de Protección a Víctimas de Trata de Personas de la Nación en colaboración con áreas específicas de la Municipalidad de Santa Fe.
