La medida fue consensuada con la familia de la víctima. La fiscal de la causa adelantó que pedirá la pena de prisión perpetua para Héctor Damián Barrero, acusado del «crimen de odio» de la activista trans asesinada el pasado 21 de agosto.
El gobierno provincial se constituirá como parte querellante en el juicio por el transfemicidio de Alejandra Ironici, quien fuera asesinada el 21 de agosto de 46 puñaladas y luego quemada. Por su crimen se encuentra detenido un hombre de 32 años, quien fuera su pareja.
Nerea Tacari, subsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, precisó que la decisión fue consensuada con la familia de Ironici y se instrumentará a través del Centro de Acceso a la Justicia, organismo dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.
«Esta decisión se realiza en el marco de un acompañamiento que se viene realizando desde lo que ocurrió con Ale y, por supuesto, fue una decisión consensuada con su familia», indicó la funcionaria del Ministerio de Igualdad, Diversidad y Género que conduce Florencia Marinaro.
«La familia va a contar no solo con abogadas y abogados, sino también con un equipo interdisciplinario que acompañe, contenga, asesore e informe a la familia sobre todo el proceso judicial», añadió Tacari.
Ironici fue asesinada el domingo 21 de agosto y un día después fue detenido Héctor Damián Barrero, quien fue imputado por la fiscal Alejandra Del Río Ayala, de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Del Río Ayala calificó el transfemicidio como un «crimen de odio» y adelantó que pedirá la pena de prisión perpetua para Barrero, en tanto el juez de la Instrucción Penal Preparatoria (IPP), Héctor Candioti, le dictó la prisión preventiva por dos años.
«Se lo imputa de haberle dado 46 puñaladas, que por supuesto concluyeron en lesiones cortopunzantes a la víctima que le provocaron la muerte, sobre todo las lesiones en la zona del cuello y de la cara», indicó la fiscal tras la audiencia imputativa.
Del Río Ayala sostuvo que «no se trata de un crimen común» porque Ironici, de 45 años, era «una referente muy conocida, una mujer que dedicó su vida a luchar por los derechos de las personas, sobre todo de las personas trans».
En ese sentido, Tacari destacó que la decisión del gobierno de ser querellante en la causa busca «acompañar el buen trabajo que está realizando la fiscal del caso» y sostuvo que harán «todo lo que se encuentre a nuestro alcance para que el transfemicidio de Alejandra no quede impune».
Ironici fue la primera persona del país en realizar su cambio de identidad en el DNI, en 2012, y un año después se sometió a una cirugía de reasignación sexual. También fue una de las iniciadoras de la lucha por los derechos del colectivo trans de Santa Fe, tuvo un paso por la Subsecretaría de Diversidad Sexual de la provincia y trabajó en los hospitales Iturraspe y Sayago. Hasta su muerte, se desempeñaba como coordinadora de «Mi Ser Santa Fe», una ONG que pregona los derechos de las personas «indistintamente cual sea su religión, etnia o sexualidad».