Así lo advirtió Rubén Giustiniani, integrante de la Comisión de Seguimiento de Vicentin de la Cámara Baja de Santa Fe. “La variable de ajuste serían los trabajadores”, remarcó el diputado.
Los avatares en torno a Vicentin continúan en agenda. De hecho, la Comisión de Seguimiento de la Cámara Baja de Santa Fe mantuvo un encuentro con fiscales en Rosario y abordó, entre otras cosas, la marcha del concurso. “Vicentin entró en cesación de pago el 4 de diciembre de 2019. Entró en un concurso en febrero de 2020 que tendría que haber finalizado este viernes. Por un decreto del presidente de la Corte (Suprema de Justicia de Santa Fe), Rafael Gutiérrez, se extendieron los plazos por tres meses para la finalización del período de exclusividad”, detalló el diputado provincial Rubén Giustiniani, de Igualdad y Participación.
En una entrevista con Ciudadanos (que se emite este domingo, a las 20, por Somos Santa Fe, Somos Rafaela y Somos Rosario), el legislador explicó que “si la empresa logra un consenso con el 51% de los acreedores y con el 66% del capital, queda resuelto el concurso”. Al respecto, la deuda acreditada de Vicentin alcanza 1350 millones de dólares, de los cuales 300 millones de dólares corresponden al Banco Nación y el resto a cooperativistas, bancos extranjeros y a miles acreedores. Mientras tanto, “la Corte se tiene que expedir en torno a si le quita el juez Fabián Lorenzini la marcha del concurso”.
“El activo de Vicentin es un tercio del pasivo. El activo son los puertos que tiene y su participación en la molienda de soja más importante del mundo, que está en Timbúes y es Renova”, recalcó Giustiniani.
En paralelo, corren las causas judiciales mediante las cuales los directivos de la firma están imputados por estafa, por desbaratamiento y por desobediencia judicial. A eso se añade una causa en Reconquista por “facturas truchas” y en otra en Buenos Aires, “por los créditos mal habidos con el Banco Nación”, ilustró el diputado en relación con el actual panorama.
Desde la perspectiva de Giustiniani y en virtud de la magnitud de la firma, “lo importante es tener una empresa nacional en el mercado de granos”. “Con esta situación de Vicentin, hoy solo operan las tres grandes multinacionales granarias exportadoras que son Glencore, Dreyfus y Cargill. Vicentin llegó a ser la empresa 26 de todas las del país a ser la número 11 por su facturación. Y pasó de ser la cuarta a la primera agroexportadora del país”, precisó el legislador y advirtió: “Lo peor que podría pasar es la quiebra y el desguace de la empresa”. Y enfatizó: “Sabemos que la variable de ajuste serían los trabajadores”.
Por otra parte, Giustiniani hizo referencia al pago de la histórica deuda que la Nación mantenía con la provincia de Santa Fe en concepto de coparticipación. Según destacó, “esto fue una política de Estado en la provincia” y recordó lo hecho por los exgobernadores Jorge Obeid y Hermes Binner en relación con el reclamo que llegó al máximo tribunal de la Nación. “Lo que vemos ahora es la deuda anterior al gobierno de Miguel Lifschitz. Es importante que se hable de 151 mil millones de pesos”.
A propósito, el legislador de Igualdad y Participación consignó que junto a su par de bancada, Agustina Donnet, presentaron “un pedio de informes al gobierno provincial en función del estado público que tomaron las negociaciones con el gobierno nacional para un gobierno de pago en función del fallo de la Corte”. En ese orden, el diputado recordó que durante la gestión de Mauricio Macri, Santa Fe debió firmar un pacto fiscal “con el punto del pago de la deuda que nunca pagó”, resaltó. “Con la diputada Donnet, estamos pidiendo que el convenio llegue a la Legislatura porque no conocemos los detalles del mismo. Vamos a analizar con detenimiento ese convenio en función de que tiene un impacto muy fuerte para la provincia de Santa Fe. Es mucho dinero que puede significar muchísima obra pública. La Legislatura tiene que tener esa información”, planteó.
