La medida corre también para otros dos exfuncionarios de la cartera de Seguridad. Se les trabaron embargos por 100 mil dólares a cada uno. Se los investiga por intentar defraudar al Estado y beneficiar a una empresa en una licitación para comprar armas para la policía santafesina por más de 17 millones de dólares.
Según dio a conocer el Ministerio Público de la Acusación (MPA), se impusieron medidas cautelares al exministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Sain y a otros dos exfuncionarios de la misma cartera.
Se les trabaron embargos por 100 mil dólares a cada uno y se les prohibió acercarse a testigos y denunciantes del proceso en el que se los investiga por intentar defraudar al Estado provincial y beneficiar a una empresa en una licitación para comprar armas para la policía santafesina por más de 17 millones de dólares. Tampoco podrán ingresar a dependencias de los ministerios de Seguridad y de Economía de la provincia ni a inmuebles de la policía santafesina, y deberán informar al MPA si se ausentan de sus domicilios. Las disposiciones fueron resueltas por el juez Héctor Gabriel Candioti, quien también señaló que “el haber probatorio reunido hasta el momento (por la Fiscalía) permite tener por acreditado la probable autoría de los imputados en los hechos investigados”.
Las medidas fueron embargos de 100 mil dólares; prohibición de acercamiento y de contacto con testigos y denunciantes; prohibición de ingreso a dependencias de los ministerios de Seguridad y de Economía y a inmuebles de la policía santafesina; y obligación de informar la ausencia de su domicilio son las medidas cautelares impuestas a Sain, a un exsecretario y a un exsubsecretario de la misma cartera a los que se investiga penalmente.
Las cautelares fueron ordenadas por el juez Héctor Gabriel Candioti en el marco de la investigación que dirige la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos del MPA a las tres personas por intentar defraudar al Estado santafesino y beneficiar a una empresa, en el marco de una licitación pública para la compra de armas para la policía de Santa Fe.
Fundamentos
“El grado de probabilidad exigido para esta etapa del proceso se encuentra satisfecho”, sostuvo Candioti en su resolución. En tal sentido, afirmó que “el haber probatorio reunido hasta el momento permite tener por acreditado la probable autoría de los imputados en los hechos investigados”.
El juez también hizo lugar a las calificaciones legales imputadas por la Fiscalía: negociaciones incompatibles con el cargo en concurso ideal con tentativa de defraudación a la administración pública por administración fraudulenta.
Armas
En la argumentación desarrollada en la audiencia de medidas cautelares, el MPA sostuvo que hay elementos de convicción suficientes para acreditar de que –al menos desde mayo de 2020– los imputados realizaron maniobras defraudatorias en el marco de la licitación pública número 11/2021, destinada a la compra de armas para la Policía de la provincia de Santa Fe. Según se precisó en la audiencia, la licitación era por un total de 17.103.543 dólares, y también se indicó que en caso de que se hubiera concretado, el perjuicio para el erario público hubiera rondado entre 2.814.000 y 8.274.000 dólares.
Se expuso que el accionar delictivo tuvo como fin beneficiar indebidamente a la firma Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, que representa a una compañía israelí que es la única proveedora de los productos que se pretendían adquirir.
Además, la Fiscalía hizo hincapié en el testimonio brindado por el exjefe de la Policía de la provincia, Víctor Sarnaglia, quien afirmó que en reiteradas oportunidades, en diversas reuniones realizadas en diferentes ámbitos, el exministro imputado ya había manifestado su preferencia por las armas comercializadas por Emprendimientos Grupo Patagónico SRL.
En la audiencia también se indicó que los exfuncionarios imputados plantearon la necesidad de adquirir 12.272 armas, cantidad que fue considerada excesiva y desproporcionada. La elección de una sola marca hubiera demandado 17.103.543,60 dólares; mientras que el costo de la compra por separado a otros oferentes hubiese sido menor.
La Fiscalía aclaró que, tras diversas intervenciones administrativas y judiciales (del Ministerio de Economía, la Cámara Contencioso Administrativo, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas), la licitación fue dejada sin efecto. Por lo tanto, los imputados no lograron su objetivo de defraudar a la administración pública por razones ajenas a su voluntad.
Pliego
El MPA también dio a conocer que hay serios indicios de que fue el representante de la empresa a la que se intentó beneficiar quien redactó las condiciones técnicas que debían tener las armas que se incluyeron en el pliego de la licitación. En tal sentido, la Fiscalía detalló que en dos pendrive secuestrados a los imputados y en una computadora del Ministerio de Seguridad, se encontraron archivos creados por este empresario antes de que se inicie el proceso licitatorio.
Además, según la Fiscalía, las particularidades del armamento descripto en el pliego fueron copiadas de folletos comerciales de la firma a la cual los imputados pretendían beneficiar.
La Fiscalía también detalló que los impactos de antena generados por teléfonos celulares del representante de la empresa dan cuenta de que en la primera mitad de 2020 estuvo en diferentes ocasiones en las ciudades de Santa Fe y de Rosario. Además, se pudo determinar que en ambos lugares permaneció en inmediaciones de las sedes del Ministerio de Seguridad.
Sistema de armas
De acuerdo con lo informado por el MPA, en las bases y condiciones especiales de la licitación definidas por los exfuncionarios investigados se indicaba que cinco tipos de armas constituían un supuesto sistema único que no podía ser cotizado parcialmente.
No obstante, la Fiscalía recordó que el decreto 1104/16, que reglamenta la ley nacional de administración, eficiencia y control del Estado, estipula que “no se pueden incluir en un mismo renglón elementos o equipos que no configuren una unidad funcional indivisible”. Al respecto, remarcó que según todos los organismos públicos intervinientes -judiciales y administrativos- no existían razones técnicas o jurídicas que justificaran el agrupamiento de las armas, razón por la cual incluso una empresa nacional que fabrica algunos de los productos requeridos luego impugnó la licitación.
El MPA expuso que la circunstancia de que el oferente debiera ser el mismo para todos los rubros fue observada por la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes del Ministerio de Economía de la Provincia y advertida al Ministerio de Seguridad. Además, la subsecretaría notó que, a diferencia de licitaciones anteriores, los imputados quitaron la demanda de entregar sin costo 10% de piezas reemplazables y la garantía de provisión de repuestos por cinco años como mínimo.
La Fiscalía también señaló que, en el marco de la investigación, se allanaron dos inmuebles en Buenos Aires, que eran los que la empresa beneficiaria –supuesta proveedora del «sistema de armas» para la policía de Santa Fe– señalaba como domicilios: uno era un estudio contable que negó ser parte de la firma, y el otro era un departamento particular que carecía de oficinas.
Otro investigado
La Fiscalía también se refirió a la situación procesal de un hombre de 49 años e iniciales MLC que, al momento de los hechos ilícitos, era jefe de la División Logística de la policía provincial.
El exmiembro de las fuerzas de seguridad es investigado en esta misma causa, por haber firmado documentos que él no confeccionó acerca de la necesidad de adquirir armas con determinados requisitos técnicos. Se le endilga la participación necesaria en la tentativa de defraudación a la administración pública y se le impusieron medidas alternativas a la prisión preventiva.
Entre otras medidas, al imputado de iniciales MLC se le impuso una fianza de 100 mil dólares, no podrá acercarse ni tener contacto con testigos de los hechos investigados ni concurrir a las sedes del Ministerio de Seguridad, de la Jefatura de Policía y de la División Logística en la que trabajaba.
Estas medidas cautelares fueron dispuestas por el juez José Luis García Troiano.
Registro de oficinas públicas
En su resolución, el juez Candioti también hizo una aclaración acerca de “otro cuestionamiento realizado por la parte defensiva relacionado al registro de las oficinas del Ministerio de Seguridad”. El magistrado recordó que los abogados defensores plantearon que “se necesitaba una orden judicial de allanamiento para el lugar, (y) no solo una orden verbal de los fiscales”.
“Tal postulación entiendo no puede ser aceptada, ya que conforme surge del texto del artículo 169, cuarto párrafo (del Código Procesal Penal de la provincia), los edificios públicos y oficinas administrativas, no es necesaria la orden de allanamiento, debiendo darse cuenta a la persona a cuyo cargo esté el local”, sostuvo el juez y concluyó que “no se ha violado la normativa legal dispuesta para el caso”.
