Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery apuntaron al “apoyo de funcionarios por acción u omisión” que recibió el capo mafioso.
Las pruebas presentadas durante más de dos meses de audiencias contra Esteban Lindor Alvarado y otros seis acusados de conformar una empresa criminal comenzaron a analizarse este lunes al iniciarse la ronda de alegatos de cierre en el juicio oral y público por asociación ilícita y otros delitos. “La organización de Alvarado es una estructura de poder que creció gracias a los resquicios de legalidad que dejó el Estado y contó con el apoyo de funcionarios por acción u omisión”, dijeron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery al abrir la ronda de exposiciones de esta semana.
Los fiscales desplegaron por casi cinco horas la primera parte de sus alegatos, referidos a los dos secuestros seguidos de homicidio que se le atribuyen a la banda. Este martes, según adelantaron, continuará la exposición vinculada a la acusación por asociación ilícita. En su relato ante los jueces Alejandro Negroni, Patricia Bilotta y María Isabel Mas Varela, los fiscales explicaron que su intención al concentrar distintos delitos en una misma investigación fue la de “mostrar no solamente hechos de violencia sino el funcionamiento de esta organización criminal”.
La asociación delictiva funcionó según los acusadores valiéndose del apoyo de actores relevantes del Estado —hay siete policías condenados por brindarle protección al grupo—, colaboración que sirvió para la organización pudiera “construir poder: este juicio es más que esos eventos, tiene que ver con un sector del crimen organizado que funcionó durante mucho tiempo en la provincia de Santa Fe, particularmente en Rosario”.
En ese sentido recordaron que el núcleo de los policías que investigaron a la banda de Los Monos, con una primera tanda de condenas en abril de 2018, colaboraba desde entonces con el clan de Alvarado, quien “se valió de los contactos con esa agrupación policial en beneficio de su propia organización criminal”. También resaltaron las “maniobras de distracción” atribuidas a Alvarado para achacar en cabeza de personajes rivales tanto el crimen del prestamista Lucio Maldonado como dos atentados edificios judiciales y un ataque a balazos contra la empleada del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Marina Marsilli.
“Alvarado prácticamente interviene —advirtieron los acusadores— en la colocación de un policía de provincia. Tenía incidencia para inyectar personal policial en las investigaciones, conocer prácticas investigativas de la Fiscalía. De haber sido inocente, muy lejos de dedicarse a construir coartadas hubiera trabajado para descargar la responsabilidad en quienes efectivamente fueron. Pero hizo todo lo contrario: se dedicó a desviar y obstruir investigaciones”.
Los dos hechos de los que desmenuzaron la prueba en la primera jornada de alegatos fueron los crímenes de Cristian Enrique y Lucio Maldonado, secuestrados y ejecutados con un mes de diferencia en 2018 en ataques que comparten varios rasgos en común. Los dos fueron secuestrados por cuatro hombres que los subieron a un vehículo, estuvieron desaparecidos y sus cuerpos se encontraron entre pastizales. En el primero los atacantes usaron un utilitario Renault Kangoo robado a punta de pistola a su dueño. En el otro, un celular gestionado con papeles sustraídos al mismo hombre. Los dos crímenes y el robo fueron perpetrados por atacantes armados que les cortaron el paso con un auto.
Enrique era un joven albañil de 22 años secuestrado el 23 de octubre de 2018 por cuatro hombres que, simulando un procedimiento policial, a las 14.40 lo subieron a un Ford Focus blanco sin patente en el barrio Cabín 9 de Pérez. Su familia lo buscó con intensidad. La noche del viernes 9 de noviembre su madre recibió un llamado anónimo indicando dónde estaba el cuerpo. Según los fiscales, el crimen de Enrique fue una venganza por una balacera a Jorge Laferrara, condenado por integrar la banda, a quien lo acataron a tiros ese año cuando iba en una camioneta que quedó perforada a balazos.
En un celular secuestrado a su hijo Mauricio, quien tiene pedido de prisión perpetua por participar en ambos homicidios, se detectó que el grupo hizo inteligencia para encontrar a Enrique. “Le vamos a dar. Ya lo tenemos”, mensajeó, según los fiscales, junto a una foto de la casa de una tía del joven de donde éste salió antes de que lo atraparan momentos después. Otro mensaje al secuestro decía “ya tengo la placa en la ropa”, lo que para la acusación refiere a la preparación de vestimenta policial.
A las 14.11 Laferrara hijo recibió un llamado de su hermana que reveló, por el impacto de antena, que estaba en Cabín 9. “No jodas si no es nada importante, estamos ocupados. Y no me llamés, pelotuda”, respondió. Esto para los fiscales revela que estaba advertido de que un llamado lo podía incriminar.
Enrique había estado preso en el pabellón 7 de la cárcel de Piñero donde estuvieron recluidos integrantes de Los Monos. Un día antes del secuestro, un tío de Enrique al que le dicen “Bocha” había sido detenido junto a otras personas por la Policía Federal, acusados del secuestro del comerciante gitano Colián Miguel cometido el 3 de septiembre de ese año.
Se investigó una hipótesis vinculada con ese caso y hasta la actuación de policías, hasta que un llamado anónimo, desde un celular que se activó en una antena de barrio Las Flores, le advirtió a la madre de Enrique la ubicación del cuerpo. La línea de la mujer estaba intervenida y la grabación de ese llamado se reprodujo en la audiencia: “El bocón de su hijo está tirado a la salida de Soldini, en la ruta 14 entre el kilómetro 6 y 7. Decile al Bocha que con la mafia no se jode”.
Según los fiscales, el mensaje contenía un dato cierto —el lugar donde se halló el cuerpo— pero iba acompañado de elementos para despistar: la referencia al tío de la víctima y que lo señalaran a Enrique como “bocón”, es decir, como quien habría aportado datos a la policía para que ubicaran a su tío. El móvil que fijaron en los alegatos, en cambio, fue el de una venganza por el atentado a Laferrara padre, que tenía una casa en el barrio Cabín 9.
Similares tareas de búsqueda e inteligencia sellaron el final de Maldonado ya que, según la pesquisa, había fotos del prestamista y un video de un seguimiento en el celular de Mauricio Laferrara. Maldonado ya estaba en la mira de los investigadores por ostentar armas y oro en sus redes sociales cuando apareció asesinado el 13 de noviembre de 2018 con cuatro tiros (dos a la cabeza) en una colectora de la avenida de Circunvalación cercana al casino City Center. Junto al cuerpo había un cartel que decía “con la mafia no se jode”, a fin de desviar la investigación del crimen hacia Los Monos.
En la pesquisa se detectó que Maldonado había sido secuestrado en la puerta de su casa de Garibaldi al 600 por cuatro hombres armados que rodearon a este hombre de casi 200 kilos y en en veinte segundos lo subieron al utilitario Renault Kangoo robado. Los captores se llevaron el Chevrolet Cruze de la víctima y a la madrugada volvieron a estacionarlo frente a la casa, a la que entraron con las llaves de Maldonado para hurgar entre sus cosas. Por el GPS del auto se supo que había estado cautivo en el paraje Los Muchachos, propiedad de Alvarado.
“El secuestro comenzó a organizarse quince días antes. En los celulares quedó la información de que desde el 26 de octubre lo buscaban”, plantearon los fiscales. Es que ese día Mauricio Laferrara le escribió a Germán Fernández, también con pedido de perpetua por el caso: “Ya lo marqué al Gordo”.
Los fiscales señalaron por distintos elementos explicitados en el juicio que Alvarado y Maldonado se conocían y que el sindicado como líder del grupo fue el instigador del crimen. Los otros acusados son Facundo “Lapo” Almada, cuidador de la quinta, con pedido de 15 años de prisión, y Matías Avila, con pedido de perpetua.
“La coartada estaba armada desde mucho tiempo antes. La intención de pegar a la banda de Los Monos estuvo presente no solo por el cartel que se le deja en la ropa”, dijeron los fiscales, sino porque Laferrara tenía en su celular desde el 26 de octubre una foto de Leandro “Chulo” Olivera, un hombre de Los Monos al que pretendían endilgarle delitos propios.
