Será hasta marzo del próximo año. La resolución del juez Fabián Lorenzini redujo las pretensiones de la cerealera, que había solicitado la extensión del período de exclusividad hasta junio del 2022.
El juez Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, Fabián Lorenzini, prorrogó nuevamente y hasta el 31 de marzo de 2022 el plazo para que la agroexportadora Vicentin llegue a un acuerdo con los acreedores por su deuda concursal de unos U$S1.500 millones, a la vez que le pidió a la Sindicatura que elabore un «cronograma tentativo» para el salvataje, informaron fuentes judiciales.
La resolución del magistrado redujo las pretensiones de la cerealera concursada, que había solicitado la extensión del período de exclusividad (el plazo para arribar a acuerdos de pago con los acreedores) hasta junio del año próximo.
A la vez, el juez dejó abierta la posibilidad de una nueva prórroga al señalar que la establecida en la resolución, firmada este martes, se hace «sin perjuicio de evaluar oportunamente una extensión adicional, conforme a la evolución del proceso y en consulta con el Comité de Acreedores y la Intervención» de Vicentin.
La nueva extensión del período de exclusividad –la segunda que solicita la concursada– tuvo el aval de los acreedores y de la Mesa Técnica, conformada por un grupo de ellos, según la resolución.
Vicentin pidió una nueva prórroga luego de que su propuesta de pagar la deuda con una quita del 70% y en un plazo de 15 años –que incluía un reconocimiento en dólares y el pago en una sola cuota a acreedores de menor cuantía– no consiguiera la aceptación mayoritaria.
En noviembre pasado Lorenzini rechazó esa propuesta por considerarla «abusiva» y le pidió que elaborara una nueva, de «modo razonable», a la vez que volvió a exigirle la elaboración de un «plan de crisis» y otro de «reorganización empresaria».
Paralelamente, la agroexportadora continúa negociando un acuerdo con Molinos Agro, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Viterra (del grupo Glencore). Según trascendió, la propuesta de los tres inversores consiste en un aporte de capital para la salida del concurso pero en cuotas, como los pagos propuestos a los acreedores.
En ese plazo, las empresas continuarían operando a façon en las plantas procesadoras de Vicentin del Gran Rosario, lo que les permitiría hacer frente a la deuda con el resultado económico de la operación de los muelles de la concursada. Pero como el interés de las tres compañías inversoras es por las plantas de Vicentin en el Gran Rosario, en su resolución el juez le pidió un detalle de plan de la empresa para el complejo fabril de la localidad de Avellaneda, que no aparece mencionado en las negociaciones.
«Ante la necesidad de evaluar claramente la situación actual y viabilidad de las actividades que se desarrollan en el complejo industrial de la concursada en la ciudad de Avellaneda, la sociedad concursada deberá confeccionar un informe circunstanciado de la situación actual, alternativas de reconversión y continuidad de las distintas unidades de negocios allí existentes (bioetanol, biodiesel, calderas, planta de alimentos balanceados, producción de harina de hueso», indicó Lorenzini.
El diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, miembro de la comisión legislativa de Seguimiento de Vicentin, señaló este miércoles en relación con la resolución que «a esta altura es preciso subrayar la obsesión de hablar de una sola empresa, Vicentin SAIC, la cáscara vacía que, de tal manera, encubre la suerte y la evolución de las otras 32 empresas del grupo».
El legislador subrayó que «no hay mención alguna a la media decena de causas penales abiertas ni mucho menos en torno al destino del dinero fugado» y, agregó, «es imprescindible, entonces, preguntarnos para qué sirve esta nueva prórroga». En un texto difundido a la prensa, Del Frade dijo que «solamente se nos ocurre pensar que esta demora simplemente es funcional a lograr impunidad y distintas nuevas formas de fugar capitales».
Por otra parte, en su resolución el juez también le solicitó a la Sindicatura del concurso «la realización de un cronograma tentativo del período de Concurrencia o Salvataje previsto en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras».
Estableció que «este esquema deberá ser presentado en el expediente hasta el día 28 de febrero de 2022» y que, en caso de que Vicentin no arribe a un acuerdo con los acreedores durante el período de exclusividad, el 1 de abril se iniciará el proceso de salvataje.
Un grupo de más de 70 acreedores granarios de Vicentin hizo pública hace 15 días la constitución de un fideicomiso con el objetivo de participar de un eventual crown down de la compañía, para lo cual designó incluso a un banco como asesor financiero.
El procedimiento de salvataje, previsto en la Ley de Concursos y Quiebras, permite a los acreedores o algún tercero interesado –una vez vencido el período de exclusividad– presentar una propuesta de acuerdo para darle continuidad a la concursada.
