La senadora nacional por Santa Fe ponderó la medida del gobierno y dijo que es necesario «agudizar el control para evitar los daños y la afectación que causan la evasión permanente, el contrabando y la triangulación» de productos.
La senadora nacional María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos-Santa Fe) calificó como «una decisión correcta» la determinación del Ejecutivo de asignar por un año a la Administración General de Puertos (AGP), es decir al Estado nacional, la función de mantener el sistema de señalización y dragado de la vía navegable troncal del Paraná, entre el punto denominado Confluencia y el Río de la Plata.
Para la legisladora el decreto 427/2021 -que por 12 meses otorga a la AGP el control y la operatividad de los canales fluviales- junto con otras iniciativas, como el avance del canal Magdalena y la probable constitución de una Bicameral en el Congreso para monitorear justamente toda esta actividad, «son tres noticias muy buenas para la Argentina, y por supuesto también para Santa Fe, una de las provincias ribereñas», según indicó a la agencia Télam.
Sacnunc recordó que el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, había adelantado que se tomaría una medida de este tipo, una disposición por un período corto, que permitirá preparar con tiempo una futura licitación “de fondo”, por un plazo significativo, para el mantenimiento y el dragado del Paraná.
Sobre esa próxima licitación, en la que están interesadas varias empresas internacionales especializadas en dragado, incluso la actual concesionaria, el grupo belga Jan de Nul, el propio Guerrera adelantó este viernes, en diálogo con Radio 10, que la futura concesión podría tener una vigencia de «entre 12 y 15 años».
La senadora es, por otro lado, la autora del proyecto de ley que propone crear la comisión Bicameral de seguimiento de la licitación de la Hidrovía y del seguimiento de navegación troncal, aprobada por unanimidad en el Senado, que ya logró dictamen favorable en comisión de Diputados y que la próxima semana será tratada en el recinto de la Cámara Baja. «Creo que esta semana (por la próxima) sale aprobado», pronosticó.
Consultada acerca de cuáles deberían ser las nuevas prioridades del transporte sobre los canales fluviales del Paraná, la senadora subrayó que «lo fundamental es pensar cómo se logra impactar sobre la tarifa», para reducir el costo que pagan por flete los pequeños productores, y al mismo tiempo terminar «con la evasión permanente, el contrabando y la triangulación» que, según muchos especialistas, caracterizan desde hace años al funcionamiento de la Hidrovía.
«El Estado tiene que agudizar su control para, justamente, evitar los daños y la afectación que le causa la evasión permanente, el contrabando, la triangulación, y eso va a redundar en beneficio del conjunto del pueblo argentino, pero también en beneficio de los pequeños y medianos productores, que son aquellos a los que se afecta en forma directa», remarcó la legisladora, residente en la ciudad de Firmat, en el sur de Santa Fe.
Como santafesina, Sacnun planteó que el debate sobre la vía navegable troncal no debe ser tratado «solamente como una cuestión ideológica» y en ese sentido alertó que «existen causales objetivas, como la bajante del Paraná, que demuestran que es necesario pensar y repensar el dragado a lo largo de nuestra costa ribereña, para poder sacar la producción».
«Una preocupación del sector productivo de mi provincia es cómo garantizar la navegabilidad, para que los productos puedan salir por nuestros puertos y evitar que se obture el tráfico comercial», puntualizó al referirse a la reciente bajante –récord– del Paraná, que ya está afectando el transporte fluvial de las exportaciones agropecuarias.
En otro orden, remarcó que un mayor control por parte del Estado de toda la operatoria de la vía navegable –tanto del dragado como del balizamiento y de otros servicios ligados a la actividad– no perjudicará al complejo agroindustrial vinculado a las exportaciones que se transportan desde los puertos, ya que «un Estado que acompañe al modelo productivo» debe ir de la mano «de un Estado que también controle».
«El informe Wider, de las Naciones Unidas, dice que las empresas trasnacionales evaden en la República Argentina 21.000 millones de dólares anuales, y ese no es un informe del Estado argentino», destacó, en referencia a los estudios que elabora periódicamente el Instituto Mundial para la Investigación de Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas y que publica una suerte de ranking de los países más afectados por la evasión impositiva, entre los que está Argentina.
