Ante el Covid 19, el total de solicitudes en la provincia fue de 441 considerándose que “corresponde tratar la excarcelación”. “Son casos que, con pandemia o sin pandemia, hubieran salido igual”, sostuvo Jaquelina Balangione.
Los pedidos de libertad domiciliaria de reclusos comprendidos en la población de riesgo ante pandemia del Covid 19 suscita una fuerte controversia en los ámbitos político, judicial y de la opinión pública en general. Al respecto, la defensora General de la provincia, Jaquelina Balangione, planteó que existe una mesa convocada por el gobierno de Santa Fe pero “no es de carácter interinstitucional en la que todos podamos debatir”.
Al ser consultada por ATP, insistió en que la Defensa Pública “viene planteando y asentando judicialmente la problemática de las cárceles que tiene que ver con la sobrepoblación y, en muchos casos, el hacinamiento que son generadores de una problemática compleja en la que ya es la complejidad del sistema penitenciario”, planteó. Según consignó, en la provincia se contabilizan aproximadamente siete mil presos, y son “mil más de lo que el sistema puede soportar. Se puede pensar en dos internos por celda, pero cuando se van a tres es un hacinamiento insostenible”, subrayó.
Al respecto, diferenció lo que sucede en Santa Fe con respecto a la provincia de Buenos Aires, epicentro de las mayores polémicas. Sobre la sobrepoblación, indicó que aquí “el número no es tanto como para que no se pueda trabajar en los habeas corpus; solicitamos la intervención de la Justicia para que establezca las mesas de diálogo con el Poder Ejecutivo para armar programas a corto, mediano y largo plazo y darle una solución verdadera a este problema”, recalcó. Ya con la pandemia y su consecuente crisis, “expone la problemática de una forma muy concreta. Y el tema de las cárceles se reluce a todo nivel. Pero lo que hay que lograr es una sensibilización, pero se lo ha utilizado políticamente que está desinformando”, cuestionó.
Balangione, además, precisó que alrededor del 90% de las personas detenidas son representadas por la Defensa Pública. “La idea no fue de pedidos masivos, sino que se hicieron pedidos de prisión domiciliaria uno por uno, caso por caso. Al 30 de abril, realizamos 441 pedidos, de los cuales la justicia provincial dio una respuesta favorable en 85 casos y desfavorable en 121 casos. El resto todavía no tiene respuesta de la justicia”, sostuvo y aclaró que estos pedidos contemplan los que “corresponden tratar la excarcelación porque legalmente ese interno o esa interna puede ir a su casa, en algunos casos hasta que terminar de cumplir la pena, en otros casos mientras dure la pandemia”. “Estos 85 casos, con pandemia o sin pandemia, hubieran salido igual”, reafirmó la funcionaria.
La defensora también explicó que los casos en cuestión son los de libertad condicional. Vale decir, “aquellas personas que están en la última etapa del cumplimiento de la pena y que, con pandemia o sin pandemia, les corresponde ir a su casa”. En ese orden, apeló a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en virtud “de no poner el acento en proteger al individuo del preso, sino a la convivencia dentro de los penales, el barrio donde está enclavado el penal”. E ilustró que el penal de Las Flores está instalado en uno de los barrios más populares de la ciudad “y las paredes no van a detener al virus” a modo de alerta de lo que eventualmente podría suceder en términos colectivos.
Asimismo, Balagione aclaró que de los 85 casos en cuestión prácticamente no se registran casos de Covid 19; en tanto sobre los delitos sexuales, “si tiene el requisito temporal cumplido se puede tratar la excarcelación y si el juez considera que corresponde”. Ahora bien, “por el coronavirus, estamos teniendo rechazos”, definió.
“Si colapsa la pandemia en la cárcel, colapsa el sistema de salud de Santa Fe”
