Tal lo indica la causa que lleva adelante el juez Francisco Miño. Se estima que el objetivo es la comercialización de los terrenos. Los primeros días de febrero unas 40 familias se instalaron en la zona de jurisdicción federal.
Ha transcurrido poco más de un mes desde que unas 40 familias se instalaron en un predio ubicado en barrio Transporte de nuestra ciudad. El predio compromete a la jurisdicción federal y, en efecto, existe una orden de desalojo a partir de una disposición del juez Francisco Miño con el objeto de quitar las casillas donde habitan estas personas.
La orden aún no se ejecutó debido a que Gendarmería depende de una orden del Ministerio de Seguridad de la Nación, así como también las autoridades aducen que no están dadas las garantías para que el desalojo no conlleve mayores inconvenientes. Asimismo, ya interviene la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia a instancias del déficit social de la vivienda.
Por su parte, el magistrado federal apuntó a los motivos reales de la usurpación y, en ese sentido, dos días después de lo ocurrido la Municipalidad presentó un escrito –con la firma del intendente Emilio Jatón– mediante el cual se le solicita al fiscal regional Carlos Arietti para que el cuadro de situación no empeore.
No obstante, para el juez Miño el motivo central radica en “una lógica organizada, previamente planificada, con el ulterior propósito de urbanizarlos de manera extra estatal para, finalmente, comercializarlos”. Lo que pone en evidencia esta situación son las publicaciones en redes sociales para promocionar la venta de terrenos en esa zona y aleja el factor de vulneración social.
“El Estado municipal debe tener herramientas para denunciar usurpaciones”
