Parte de esta respuesta la tiene el informe elaborado por Observatorio de Violencia de Género de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. La investigación comenzó en 2015, como consecuencia del acompañamiento a la familia de Natalia Acosta. Hay una alta criminalización de las víctimas.
Hoy se conmemora el día contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres.
Desde el Observatorio de Violencia de Género del la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL se presenta un informe sobre la aplicación de la Ley contra la Trata en la ciudad de Santa Fe.
En este sentido, María Paula Spina, directora del organismo, especificó en el programa televisivo Apto Para Todo Público que “es un informe que empezamos a trabajar en el 2015 y finalizamos a comienzo de este año, pero nos parecía que en el contexto de esta efeméride, de la muerte de la madre de Natalia Acosta, y a raíz de los debates que quedaron al descubierto con el femicidio de Cecilia Burgadt y las dificultades que aún se encuentran al denunciar la búsqueda de paradero, nos parecía importante poner en debate o socializar algunos de los resultados de esta investigación que para nosotros sin dudas dejan abierta una hoja de ruta en la que hay que seguir trabajando y fortaleciendo las políticas públicas”.
Spina también sostuvo que “la investigación surgió en 2015, como consecuencia del acompañamiento a la familia de Natalia Acosta y poder ver todas las dificultades que encontraban en la búsqueda de su hija y las situaciones de revictimización, de violencia institucional, declinaciones de competencia, la toma de este caso como una simple búsqueda de paradero y no como trata de personas”.
De la misma forma especificó que “a la par, en la Comisión Interinstitucional de Trata de Personas que se creó por el Concejo Municipal, en el ámbito del Gobierno de la Ciudad, también se formó una de trabajo en la que surgió la necesidad de desarrollar políticas de prevención y asistencia ante la trata de personas y como un primer obstáculo surgió la falta de información sistematizada sobre este delito en el ámbito local”.
En cuanto a la investigación, Spina dijo que “se pudo desarrollar por la colaboración de todas las instituciones y organizaciones intervinientes. Comienza con un análisis del marco jurídico, nos pareció importante porque el debate de la trata de personas se pone en debate fuertemente a partir del año 2000 con el denominado Protocolo de Palermo y luego se empiezan a impulsar algunas reformas legales y penales en diferentes países, entre ellos Argentina así en 2008 el país tiene la primera ley de Trata de Personas, posteriormente reformada en 2012”.
“Otra de las fuentes que se utilizó fue la recolección de datos estadísticos, lo cual llevó mucho tiempo y los datos que se pudieron adquirir fueron bastantes precarios y había falta de uniformidad”, enumeró la directora del Observatorio.
“Encontramos que el Ministerio Público Fiscal tenía 16 sentencias de las cuales el 81% eran condenatorias; en el 2017, en las fiscalías 1 y 2 había tramitándose seis causas, y en contraposición la línea 145 había recibido 128 denuncias de Rosario y Santa Fe; mientras que en el Ministerio Público de la Acusación había en marcha 256 investigaciones asociadas por delitos conexos a la trata, y desde la Agencia de Investigación de Trata de Personas de la provincia, se hablaba de 1659 investigaciones iniciadas entre 2013 y 2017”, especificó Spina.
“Otro dato interesante es la cantidad de mujeres imputadas por este delito, que en comparación a otros, se puede observar cierta criminalización discriminatoria, o cierta feminización, lo que llama la atención si se observa que la cláusula de no punibilidad nunca fue aplicada, entonces nos encontramos con muchas mujeres criminalizadas en el marco de este delito o por delitos vinculados al narcotráfico o estupefacientes”, detalló.
Además, contó que “otro de los tópicos que hicimos fue analizar sentencias, en todos los casos, el tribunal que intervino en primera instancia fue el correccional porque eran sentencias previas al nuevo sistema y no debería darse la declinación de las competencias federal en el provincial hasta tanto se descarten los indicios de trata de personas”.
“Uno de los argumentos más utilizados por las defensas fue apelar a la mujer como fabuladora, sostener que en realidad se distorsionaban los hechos, suelen ser procesos muy revictimizantes, donde se indaga en cuestiones previas de las víctimas y donde muchas veces nada tiene que ver con la investigación”, narró Spina.
