El fiscal federal Walter Rodríguez demandó, ante la Procuración General, el pago de lo adeudado a la provincia habida cuenta de “pabellones superpoblados”, la responsabilidad asumida por Santa Fe y los 110 millones de pesos anuales que no fueron transferidos.
Pabellones superpoblados y 110 millones de pesos anuales fueron algunos de los argumentos que impulsaron el reclamo del fiscal federal Walter Rodríguez ante la Procuración General de la Nación. Según consta en la misiva con fecha del pasado 31 de mayo, la situación en cuestión marca una “imposibilidad material de aplicar medidas de coerción procesal con motivo de la ausencia de lugares destinados al alojamiento de sujetos privados de su libertad ambulatoria”.
A lo largo del texto, el responsable de la Fiscalía Federal de Primera Instancia número 2 de nuestra ciudad le hace saber a Eduardo Casal de casos en que las cárceles provinciales cuentan con “pabellones superpoblados”, lo que impide el recibimiento de detenidos del fuero federal. Asimismo, Rodríguez se interiorizó en la problemática y pudo informarse sobre “convenios celebrados entre el Estado nacional y el provincial, en cuyo marco el primero registra una deuda dineraria con el segundo que asciende a la suma de 110 millones de pesos anuales (el último pago se registró en 2017), en virtud del canon fijado en materia de alojamiento de internos federales que actualmente implicaría el 12% de la población carcelaria”, fundamentó el funcionario judicial.
Bajo esa línea de fundamentos, Rodríguez también recuerda que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación declaró, el pasado 26 de marzo, “la emergencia en materia penitenciaria por el término de tres años”, en tanto también de dispuso la conformación de una Comisión de Emergencia en materia penitenciaria “invitando a la Procuración General de la Nación a designar representante para integrarla, con el objetivo primordial de resolver el déficit habitacional en el Servicio Penitenciario Federal”.
Al respecto, el fiscal federal recalca el proyecto de construir el Centro Federal Penitenciario Argentino en Coronda con capacidad para 462 plazas y que, además, fueron asignados dos inmuebles ubicados en los departamentos La Capital y Rosario para el alojamiento de personas privadas de su libertad que “no se encuentran operativos”.
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